La FROET confía en que la condena impuesta por un juzgado de Murcia a una de las empresas del cártel europeo de fabricantes de camiones tenga «un efecto dominó» sobre las más de 320 demandas presentadas por transportistas murcianos perjudicados, cuyas indemnizaciones superarían los 40 millones de euros». El secretario general de la patronal del transporte, Manuel Pérezcarro, mostraba ayer su satisfacción ante el fallo del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Murcia, que ha condenado al Volvo Group España a indemnizar con más de 128.000 euros a una empresa que había adquirido cinco cabezas tractoras de la marca Renault, tal y como informó La Opinión este viernes. Se trata de la primera sentencia que se dicta en España contra una de las compañías que fueron sancionadas por la Comisión Europea por ponerse de acuerdo para aplicar un sobreprecio a los vehículos pesados que fabricaron durante catorce años.
La magistrada María Dolores de las Heras, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, considera probado que el comprador de cinco cabezas tractoras adquiridas a la compañía Renault Trucks España, que fue absorbida por Volvo Group España, pagó un sobreprecio del 27,5% por «las prácticas contrarias a la libre competencia» pactadas por Volvo-Renault, MAN, Daimler- Mercedes, Iveco, DAF y Scania, según estableció la UE tras una investigación.
En total, el transportista había abonado 495.680 euros por los vehículos adquiridos hace seis años. La magistrada condena a Volvo a indemnizarlo con 128.756,78 euros, los que estima que fueron pagados indebidamente por las cinco cabezas tractoras. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil puede ser recurrida, pero al existir unas indicaciones expresas de la Unión Europa para que los perjudicados por el cártel de camiones pudieran reclamar el dinero pagado de más en los países miembros, el fallo «abre una puerta a la esperanza a los cientos de camioneros murcianos que han sufrido las consecuencias de este cártel», según apuntaba ayer Manuel Pérez Carro.
«Es una noticia estupenda porque ya hay un tribunal que nos ha dado la razón», destacaba el secretario general de la patronal del transporte, que ha canalizado las demandas de los transportistas murcianos a través de del bufete Caamaño, Concheiro y Seoane Abogados.
Igualmente, resaltó la importancia de este fallo, porque «estamos hablando, sólo en la Región, de unos 2.600 vehículos que se adquirieron a un precio inflado artificialmente». De acuerdo con las estimaciones del despacho de abogados que tramita las demandas de las empresas adscritas a la FROET, los transportistas pueden recuperar unos 40 millones de euros pagados de más por los 2.600 camiones comprados entre 1997 y 2011. Esta cifra daría derecho a los compradores a recuperar unos 28 millones de euros, a los que se sumarían otros 12 millones en concepto de intereses, según los cálculos del bufete.
Manuel Pérezcarro añadió que la patronal regional tenía claro que «había derecho a reclamar, porque las empresas sancionadas reconocieron su participación en el cártel».
Además de estas demandas, hay otras muchas presentadas individualmente por los empresarios murcianos, mientras que en toda España serán miles. La titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia recuerda en su sentencia que la propia UE «abrió la vía al ejercicio por parte de cada uno de los consumidores y en razón a cada uno de los contratos suscritos» para reclamar daños y perjuicios.
Durante catorce años cobraron de más a las empresas
Durante catorce años cobraron de más a las empresasEl cártel de camiones fue constituido por los fabricantes MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz, Scania y DAF, que se pusieron de acuerdo para elevar los precios de los camiones de más de seis toneladas que vendían, además de trasladar a los compradores el coste de adaptarlos a las normativas medioambientales. Después de una larga investigación, la Comisión Europa concluyó que los fabricantes integrantes del cártel habían cobrado un sobreprecio a los transportistas entre 1997 y 2011, por lo que sancionó a las compañías integrantes del cártel con una multa de 2.800 millones. Las pesquisas realizadas desde Bruselas también permitieron descubrir que los fabricantes se habían puesto de acuerdo además para retrasar la aplicación de sistemas destinados a reducir las emisiones contaminantes de los vehículos. También abrió la puerta a que las empresas perjudicadas reclamaran el dinero que habían pagado de más.
Tras la resolución de la UE se abrió un plazo para que los transportistas afectados puedan interponer las correspondientes reclamaciones contra los fabricantes por los perjuicios ocasionados. En principio, los empresarios murcianos pensaban que las reclamaciones tendrían que presentarse en Alemania, aunque finalmente se han presentado en España. Siguiendo las pautas marcadas por la UE, el Juzgado lo Mercantil número 1 de Murcia ha dictado la primera condena por «prácticas contrarias a la libre competencia» y obliga a Volvo España a responder por los cinco camiones adquiridos por el demandante a Renault, al haber absorbido a la compañía vendedora.
