14 de diciembre de 2018
14.12.2018
La Opinión de Murcia
Recursos hídricos

Los regantes tendrán que pagar el doble por el agua desalada

El Scrats ha comprado 39 hm3 de la planta de Torrevieja

13.12.2018 | 21:32
El Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán (izqda), durante su visita a la potabilizadora de Molina de Segura.

El Ministerio destaca que Bruselas impide que se subvencione este recurso y que busca cómo rebajar la tarifa, fijada en 0,62 euros/m3.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, acaba de firmar un convenio con la sociedad estatal Acuamed por el que adquiere la producción de 39 hm3 de agua de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) a 0,62 euros por metro cúbico. Esta cantidad supone el doble de lo que pagaron el pasado año hidrológico, en el que gracias a la subvención recogida en el Decreto de Sequía, abonaron 0,30 euros por metro cúbico desalado.

Es decir, que van a tener que pagar algo más de 24 millones de euros, frente a los 10,5 que pagarían si el Ministerio subvencionara ese agua.

Este año, y pese a que se ha prorrogado el decreto, las palabras 'subvención' o 'ayuda' no forman parte del vocabulario del Ministerio para la Transición Ecológica, del cual depende Acuamed.

Por eso, hasta que el Ministerio encuentre la fórmula para rebajar la tarifa, los regantes deberán abonarla en su totalidad. Eso es lo que explicó ayer el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante su visita a la Región de Murcia. «Nos enfrentamos a una realidad que hasta ahora se había pospuesto: la apertura de un expediente a España por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de la recuperación de los costes en la gestión del agua». Es decir, que Bruselas no permite que se subvencione el agua desalada, toda vez que las plantas se ejecutaron con fondos europeos.

Ahora le toca al Ministerio encontrar, entre los mecanismos que permite la Comisión, la adecuación de esos precios para evitar que las actividades económicas «vulnerables» puedan verse afectadas. Aquí entraría la agricultura levantina.

«Tenemos que ver cuáles son los costes de la desalación y qué limitaciones de pago tienen los usuarios», comentó Morán. A partir de ahí, el Ministerio debe fijar una tarifa «para que ni quiebre» la planta «ni se ponga en riesgo la actividad de los usuarios», añadió.

El convenio firmado por el Scrats supone la compra de la práctica totalidad de los recursos de la desaladora alicantina, ya que este año, «entre Papá Noel y los Reyes Magos», el Ministerio espera tener solucionado el expediente administrativo de adjudicación de la obra que va a permitir que esta planta produzca 40 hm3 al año (el doble del actual).

Trasvase perdido en noviembre

El Secretario de Estado, que tuvo un encuentro con los medios de comunicación antes de reunirse con el Consejo de Administración de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, eludió pronunciarse sobre lo que los regantes consideran un trasvase 'hurtado' en noviembre, de 12,5 hm3. Ese mes, los pantanos de cabecera del Tajo estaban en el nivel 3, por almacenar menos de 600 hm3, y por tanto, correspondía a la ministra Teresa Ribera decidir la cantidad de agua a enviar al Levante (hasta un máximo de 20 hm3). Sólo se autorizó 7,5 hm3 para abastecimiento.

Tras esa decisión, y al salir de una entrevista posterior con el Secretario de Estado (el 3 de diciembre), los regantes manifestaron que no se les había garantizado que no volviera a ocurrir cuando los pantanos estén en nivel 3. Y que el criterio de la ministra se basará en las curvas de existencias de la cabecera del Tajo: si eran descendentes no se enviaría nada para riego.

Ayer Morán comentó que estaban analizando cómo mejorar la gestión del acueducto cuando se repitiera esa situación para dar «certidumbre» a los usuarios. «Lo que haremos en el futuro se lo explicaremos primero a ellos», en referencia a los regantes.

Aprovechó la ocasión para insistir en que «no está en la hoja de ruta del Gobierno prescindir de ninguna de las infraestructuras de suministro de agua», incluido el trasvase Tajo-Segura, que seguirá funcionando «como hasta ahora». Y como ya dijera en otras ocasiones, Morán apuntó que había que tener en cuenta el descenso de entre un 20 y un 40% de los recursos hídricos disponibles en nuestro país por culpa del cambio climático. «Y la política no debe esperar a eso se produzca».

El PP y el Pacto Nacional

Desde las filas del Partido Popular, la portavoz de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Ascensión Carreño, exigió ayer un Pacto Nacional del Agua que «consagre los trasvases y evite que buena parte de España, entre ella la Región de Murcia, se convierta en un desierto».

En Murcia, el presidente Fernando López Miras, insistió en que cerrar el trasvase Tajo-Segura «está, por supuesto, en la hoja de ruta del Gobierno socialista» y lamentó que durante su primera visita a la Región no se reuniera con el Gobierno autonómico.

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