El exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez, que fue también presidente de la Comunidad Autónoma desde julio de 2015 hasta abril de 2017, declaró ayer ante el juzgado que investiga los contratos de la desaladora de Escombreras que los caudales de esta planta representaban la única alternativa de progreso para el municipio cuando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) negaba la autorización para nuevos desarrollos urbanísticos.
Sánchez estaba citado como testigo por el Juzgado de Instrucción Número 5, que investiga los contratos firmados por el Ente Público del Agua (EPA) con las empresas del grupo ACS que promovieron la desaladora de Escombreras y después se la alquilaron a la Comunidad. El Juzgado ha citado a diez exalcaldes que suscribieron convenios con el EPA para poder aprobar nuevos plantes urbanísticos que la CHS no les autorizaba, de acuerdo con la Ley de Aguas.
El expresidente declaró que Puerto Lumbreras no disponía de agua del Trasvase y que las gestiones con el Gobierno central, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para conseguir más fueron infructuosas.
Sánchez, que eludió hacer declaraciones al llegar a la sede de la Ciudad de la Justicia de Murcia, manifestó ante la juez que esos caudales habrían permitido cubrir las necesidades para usos domésticos y para los proyectos de urbanización e industrialización.
Añadió que, por eso, el agua de la planta de Escombreras representaba una alternativa para el progreso del municipio, que de otra forma no resultaba posible alcanzar. Como había dicho la víspera el exalcalde de Caravaca de la Cruz Domingo Aranda al declarar igualmente como testigo, debido a la crisis económica el convenio no se llegó a ejecutar finalmente, por lo que el Consistorio no asumió desembolso.
Durante la sesión de ayer declararon también los exalcaldes de Lorca, Totana y San javier, Francisco Jódar, Juan Morales y José Hernández, respectivamente. También Jódar, que después de ser regidor de Lorca fue consejero de Agricultura y Medio Ambiente, destacó las oportunidades de crecimiento que los caudales de Escombreras representaban para su localidad, dado el déficit hídrico.
La ronda concluirá hoy con el testimonio de los exregidores municipales Francisco Blaya (Mazarrón), Eduardo Contreras (Molina de Segura), José Bolarín (Ulea) y Pedro Col (Beniel).
En el denominado caso La Sal están imputados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y los exgerentes del Ente Público del Agua, además de directivos de ACS y socios murcianos de la propietaria de la desaladora, Hydro Management.
