Un juzgado de Murcia ha dictado la primera condena en España contra el cártel de camiones que durante catorce años pactó un sobrecoste por los vehículos que vendían los grandes fabricantes. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia ha fallado a favor de un transportista que adquirió cinco camiones en 2012 y que, según considera probado la magistrada María Dolores de las Heras, pagó un sobreprecio del 27,5% por «las prácticas contrarias a la libre competencia» pactadas por las compañías Volvo-Renault, MAN, Daimler- Mercedes, Iveco y DAF, sancionadas por la UE. La sentencia condena a Volvo a indemnizar al comprador con 128.756,78 euros, los que estima que fueron pagados indebidamente.
El fallo todavía puede ser recurrido por el fabricante, pero permite que cientos de transportistas de la Región que habían comprado miles de vehículos a las compañías sancionadas por Bruselas vean reconocido el derecho a recuperar el dinero que pagaron indebidamente. Hasta ahora se habían dictado sentencias en Alemania, que también han sido favorables a las reclamaciones de los transportistas, pero la condena del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia es la primera que establece en España la existencia de «prácticas contrarias a la libre competencia», que da lugar a una indemnización de 128.756,78 euros. Esta cantidad corresponde al sobrecoste pagado por las cinco cabezas tractoras adquiridas, a la que se sumarán «los intereses legales».
En total, el comprador había abonado 495.680 euros por los vehículos adquiridos hace seis años.
Miguel Caamaño, que es catedrático de Derecho Financiero y socio del bufete al que han acudido las empresas asociadas a la FROET para presentar sus demandas, había apuntado hace un mes en Murcia que las condenas de los juzgados alemanes no sentaban precedentes en España, pero son «un espejo válido» para los juzgados españoles «por la alta calidad de las sentencias».
El cártel compuesto por grandes fabricantes actuó entre 1997 y 2011 de forma ininterrumpida mediante un acuerdo para cobrar dinero de más a los empresarios que les compraban sus camiones. Tras una larga investigación, la Comisión Europea impuso una sanción de 2.900 millones de euros a las compañías, tal y como se recoge en la sentencia. La UE también acusa al cártel de retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos.
La titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia recuerda que la propia Unión Europea «abrió la vía al ejercicio por parte de cada uno de los consumidores y en razón a cada uno de los contratos suscritos» para reclamar daños y perjuicios.
