Los interinos y los trabajadores con contrato temporal de la Comunidad que ocupan plazas en Administración y Servicios se ven abocados al paro y se han movilizado para conseguir más facilidades en las oposiciones que van a ser convocadas. La Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Laborales de la Administración regional (AFIC) reclama la convocatoria de un concurso de méritos en el que se valore «la experiencia» a la hora de competir con el resto de los opositores. Ayer celebró una asamblea en el edificio Moneo de Murcia junto con el sindicato CSIF para dar a conocer las condiciones por las que se regirán las oposiciones de las 1.561 plazas que la Consejería de Hacienda llevará esta mañana a la Mesa de Administración y Servicios.

Dolores Saura, portavoz de la Asociación de Interinos, explicó que en las consejerías y en los servicios técnicos de la Administración regional trabajan más de 2.000 empleados sin plaza que se ven abocados a quedarse sin trabajo una vez que su puesto sea adjudicado, a pesar de que algunos llevan más de 15 años en la Comunidad. Su pretensión es que se computen los puntos que les confiere su antigüedad antes de las pruebas eliminatorias para no quedar fuera del proceso selectivo. Este colectivo considera que «tal y como figuran redactadas las bases que se van a aprobar (en la mesa de negociación de hoy), superar la fase de oposición dependerá del libre albedrío de los tribunales evaluadores, que pueden no tener en cuenta características de nuestro colectivo, como lo son la edad próxima a la jubilación, problemas de salud, cargas familiares y profesionales».

Recuerda que «en la última convocatoria para estabilización del Cuerpo de Veterinarios ningún interino fue seleccionado, pese a llevar muchos años de ejercicio profesional. Y en las últimas oposiciones a profesores de Secundaria por estabilización, aspirantes con más de 15 años de antigüedad obtuvieron una calificación en la fase de oposición de cero puntos».

AFIC ha dirigido escritos a la Dirección General de la Función Pública y a la Asamblea Regional para conseguir la convocatoria de un concurso de méritos, dejando claro que «no pretendamos que no se cumplan los principios de mérito y capacidad». Dolores Saura precisó que el cambio en la convocatoria exigiría la aprobación de una ley en el Parlamento autonómico, pero sostiene que los grupos parlamentarios con los que han mantenido contactos hasta ahora estarían dispuestos a apoyarla.