«Como no hay consecuencia, la gente sigue hurtando», lamenta Javier Ruano, de la Asociación de Supermercados de la Región (Asumur). A su juicio, sería «muy positivo» un cambio en el Código Penal que endureciese las penas para estos ladrones.

Ruano explica que en la provincia, de momento, no suele haber vigilantes de seguridad en las entradas y salidas de los supermercados. Algo que sí se ve en grandes almacenes. Dado que «existe una inseguridad», admite, muchos negocios se están planteando contratar seguridad privada.

Y es que en la Región, comenta el portavoz de Asumur, se han vivido «situaciones violentas» de ladrones con, por ejemplo, una cajera que les ha pillado llevándose el artículo sin pagar. En ocasiones, estas situaciones acaban en agresión física o amago de la misma. Si hubiese un vigilante de seguridad, estiman, los empleados no tendrían que implicarse en estas escenas.

Lo que se suele hacer en estos casos es avisar a la Policía, aunque a veces se intentar evitar. Y es que los responsables del súper y los cacos pillados con las manos en la masa en ocasiones llegan a una entente cordiale. Y la Policía no llega a enterarse de nada.

Ocurre, en este sentido, algo muy simple: los ladrones pagan lo que se iban a llevar y listo, comenta Ruano. Se da esta circunstancia cuando la persona muestra una disposición. Incluso niega el robo: dice, cuando le pillan, que se lo había metido al bolso sin querer, en un descuido, y que, por supuesto, está dispuesta a pagar.