La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso Contencioso-administrativo presentado por la Generalitat Valenciana contra la resolución dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica, en la que se fijó el caudal aprobado para el pasado mes de noviembre en 7,5 hectómetros cúbicos. Una decisión que dejó sin agua del trasvase a los regantes, pese a que el nivel embalsado en la cabecera del Tajo permitía el envío de 20 hectómetros cúbicos, con el que se pueden atender las necesidades de los cultivos.
La justicia admite así el recurso que anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que en esta batalla se ha puesto al lado de los agricultores que consideran totalmente «injustificada» la medida adoptada por la ministra Teresa Ribera, a la que piden que visite la zona de Levante que se ha quedado sin agua para riego.
El recurso presentado por el Gobierno valenciano, y que fue admitido a trámite con fecha del 3 de diciembre, no será el único al que tenga que hacer frente el Gobierno de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que el miércoles el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y el presidente de la Diputación, César Sánchez, anunciaron dos nuevos recursos que irán en la misma línea: la de defender el cumplimiento del memorándum que regula los trasvases que se deben aprobar en función de la reservas de agua disponibles en los embalses.
En Murcia fue el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, el que acordó interponer un recurso contencioso-administrativo frente al denominado «trasvase cero» para los cultivos aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 27 de noviembre.
El Gobierno murciano dio el visto bueno al recurso el miércoles por la mañana, como anunció la portavoz regional Noelia Arroyo. Concretamente, el Consejo de Gobierno autorizó interponer de «inmediato» este recurso frente a la orden del Ministerio que autoriza un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos para el mes de noviembre de 2018 desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo-Segura.
La portavoz del Gobierno murciano recordó que la cantidad autorizada de 7,5 hectómetros cúbicos «es la mínima que debe asegurarse para los abastecimientos urbanos, por lo que al aprobarse esta cantidad no se contempla trasvase alguno con destino a regadío».
El nuevo recurso anunciado tiene en cuenta que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión celebrada el 20 de noviembre, constató que el sistema Entrepeñas-Buendía se encontraba en una situación hidrológica excepcional, nivel 3, en la cual, el órgano competente puede autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes.
No descartan movilizaciones
No descartan movilizacionesPor su parte, desde la Diputación de Alicante, César Sánchez aseguró que acudirán a los juzgados para defender el trasvase Tajo-Segura y tampoco descartó movilizaciones si, finalmente, el Ejecutivo central eleva hasta los 600 hectómetros cúbicos el mínimo de reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía para trasvasar entre ambos ríos. Así lo dijo el presidente de la Diputación de Alicante el miércoles después de un pleno extraordinario donde consideró que la medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez es «una forma amable de cerrar el Tajo-Segura».
«El Gobierno socialista siempre ha estado en contra de los trasvases al sureste español y a la provincia Alicante», dijo César Sánchez, quien recordó la figura de la exministra del PSOE Cristina Narbona e incidió en que «su cultura de secar la provincia sigue imperando en el actual Gobierno».
Por ello, el presidente de la institución provincial alicantina insistió en que harán cualquier cosa para «defender esta tierra», como, por ejemplo, convocar protestas en Alicante y en Madrid.
«Vamos a dar la batalla porque es inadmisible que el PSOE haya decidido mostrar su odio hacia esta provincia de una manera tan patente como quitándonos el agua que necesitamos», dijo César Sánchez.
