Aparece un fondo negro mientras suena una retahíla de nombres, pronunciados a bocajarro: Gürtel, Lezo, Acuamed, Andratx, Auditorio, Púnica, Nóos, Bárcenas, Biblioteca... El plano da paso a los rostros de El Bigotes, Rodrigo Rato, Manuel Chaves, Jordi Pujol, Iñaki Urdangarin, el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez..., entre otras caras conocidas. Son los protagonistas de los casos de corrupción más relevantes que han aparecido en nuestro país -y también en la Región de Murcia- en los últimos años. Sus consecuencias se miden en costes cuantificados: «Los corruptos se están llevando 58.000 millones al año según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», explica una voz en off. Esta cantidad supera la cifra que nuestro país necesita «para suplir los déficit de educación, sanidad y pensiones».
Así comienza el vídeo que el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha preparado para invitar a los murcianos a reflexionar sobre la lacra de la corrupción. La pieza audiovisual recoge las reflexiones de sociólogos, catedráticos y activistas vecinales sobre lo que significa la corrupción: el daño que provoca en las instituciones y la desafección que genera entre la población; las dificultades en las acciones de transparencia y las reticencias del poder a ser controlado; el valor de la información; la repercusión de los movimientos sociales -como la Plataforma ProSoterramiento de Murcia, las movilizaciones feministas del 8 de marzo y las protestas de los pensionistas-, la necesidad de participación de los ciudadanos y la importancia de inculcar valores como forma de «hacer camino» contra la corrupción.
Además del vídeo, el presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, presentó ayer un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el próximo domingo, 9 de diciembre. El texto subraya cuatro fases para luchar contra «este delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades». Nadie está libre de «este cáncer», opina Molina. «Ningún país, región, municipio, institución o empresa pública o privada es inmune».
El primer paso -expone el manifiesto- debería ser una sociedad transparente. «No se puede hacer un giro social desde la opacidad, la corrupción, el despilfarro y la descarada utilización de las fake news para descalificar a quienes discrepan». El segundo es una ciudadanía activa y comprometida; el tercero es la independencia de las instituciones de control. Y el último paso es establecer hitos que señalen el camino, «señales claras de a dónde se dirige la sociedad: la defensa de las pensiones, un salario mínimo decente, salud pública, educación, vivienda digna y tantos derechos reconocidos en los principios constitucionales cuyo desarrollo está pendiente».
Molina también detalló que las reclamaciones presentadas en el Consejo de la Transparencia han crecido un 255% al pasar de 86 en 2017 a 220 en lo que va de año. «Esta cantidad supone la misma que tiene la Comunidad Valenciana a pesar de que somos una región uniprovincial», indicó.
«Un modelo inclusivo»
En el acto participó Juan Antonio Segura, el presidente de Cepaim -una fundación que ha colaborado con el Consejo-, quien reclamó que hay que trabajar por un modelo desarrollo que sea «inclusivo».
