05 de diciembre de 2018
05.12.2018
Bruselas

Los ministros de Transportes de la UE ponen coto a las empresas 'buzón'

El Consejo aprueba medidas contra el fraude de las sociedades ficticias

05.12.2018 | 12:43
Protestas de los trabajadores del transporte por carretera en Bruselas.

El Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea, reunido este martes en Bruselas, aprobó, con el apoyo de España, un conjunto de normas que regularán en el futuro el transporte internacional de mercancías, tanto desde el punto de vista de los derechos salariales y sociales de los trabajadores como de las condiciones que deben cumplir las empresas del sector. Según informó el Ministerio de Fomento en un comunicado, el Consejo ha planteado medidas para poner coto a fraudes como el de las llamadas empresas 'buzón', que son meras sociedades pantalla con una dirección postal ficticia, utilizadas para sortear el cumplimiento de las normas laborales y de las condiciones establecidas por la UE en el tráfico internacional.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, que participó en esta cita en la que se han establecido las normas que regirán en el futuro el transporte internacional de mercancías, había marcado como líneas estratégicas de España en el paquete de movilidad, la defensa de las condiciones sociales de los trabajadores, la lucha contra el fraude y la eliminación de barreras burocráticas al transporte internacional.

Según informa Fomento, se ha remarcado también la importancia de la lucha contra las llamadas empresas 'buzón' y otras formas de fraude en el sector y ha asegurado para el futuro un marco normativo que garantice una competencia leal, dotando a las autoridades de control de los instrumentos adecuados para velar por su cumplimiento y sancionar comportamientos ilegales.

El control de las empresas 'buzón' es una de las reivindicaciones de la patronal regional del transporte Froet, que viene denunciando la competencia desleal ejercida por estas sociedades ficticias que tienen su sede en países del Este de Europa o en Portugal, cuyo origen les permite trabajar en España con salarios de Rumanía o Bulgaria eludiendo la fiscalidad y las cotizaciones a la Seguridad Social que soportan las empresas murcianas.

Esta diferencia resulta muy elevada, dado que un conductor murciano que trabaja en el transporte internacional puede cobrar entre 2.500 y 3.000 euros, mientras que el salario de un chófer búlgaro puede rondar los 900 euros, lo que supone prácticamente la tercera parte.

En esta línea se han enmarcado las nuevas exigencias en el Reglamento de acceso a la profesión y su extensión a vehículos de menos de 3,5 toneladas, con objeto de mejorar el control de este tipo de empresas.

El Consejo ha materializado, con el apoyo de España, las condiciones salariales de los conductores, con una aplicación equilibrada y proporcional de la directiva de desplazamiento de trabajadores, en la misma línea ya seguida en el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, así como la mejora de sus condiciones sociales, de forma que, sin incurrir en sobrecargas injustificadas de tiempos de conducción, les permita pasar el mayor tiempo posible de descanso en su casa y con su familia.

También se ha marcado la necesidad de unas normas claras, de fácil aplicación y comunes a toda la Unión, de modo que se impida el establecimiento de trabas administrativas injustificadas a las empresas en el transporte internacional, particularmente en un sector que cuenta con muchas pequeñas y medianas empresas.

Para ello España ha apoyado el uso del sistema IMI para remitir e intercambiar la información.

El Consejo ha puesto el foco en el apoyo en las nuevas tecnologías, que deben ser también una herramienta que ayude a la consecución de estos objetivos. Para ello, el adelanto de la fecha de obligatoriedad del tacógrafo inteligente, en su versión más avanzada, dotará a las autoridades de control de un instrumento clave para luchar contra el fraude.

A partir de ahora, deberá iniciarse la negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo para que estas normas formen parte del ordenamiento jurídico de la Unión.

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