Aparece un fondo negro mientras suena una retahíla de nombres, pronunciados a bocajarro: Gürtel, Lezo, Acuamed, Andratx, Auditorio, Púnica, Nóos, Bárcenas... Son los protagonistas de los casos de corrupción más relevantes que han aparecido en nuestro país -y también en la Región de Murcia- en los último años. Sus consecuencias se miden en cifras calculadas: "Los corruptos se están llevando 58.000 millones al año según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". Esta cantidad supera la cifra que nuestro país necesita "para suplir los déficit de educación, sanidad y pensiones".
Así comienza el vídeo que el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha preparado para invitar a los murcianos a reflexionar sobre la lacra de la corrupción. La pieza audiovisual recoge las reflexiones de sociológos, catedráticos y activistas vecinales sobre lo que significa la corrupción: el daño que provoca en las instituciones y la desafección que genera entre los ciudadanos; las dificultades en las acciones de transparencia y las reticencias del poder a ser controlado; el valor de la información; la repercusión de los movimientos sociales -como la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia, las movilizaciones feministas del 8 de marzo y las protestas de los pensionistas-, la necesidad de participación de los ciudadanos y la importancia de inculcar valores como forma de "hacer camino" contra la corrupción.
Además del vídeo, el Consejo de la Transparencia, un organismo creado en 2015, ha presentado este martes un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Corrupción 2018, que se celebra el próximo domingo, 9 de diciembre. El texto, que ha anunciado el presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, subraya cuatro fases para luchar contra "este delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades". Nadie está libre de "este cáncer", asegura Molina. "Ningún país, región, municipio, instituciones o empresas públicas o privadas es inmune".
El primer paso, aseguran, debería ser una sociedad transparente. "No se puede hacer un giro social desde la opacidad, la corrupción, el despilfarro y la descarada utilización de las fake news para descalificar a quienes discrepan".
El segundo paso es una ciudadanía activa y comprometida. Esta actitud se desarrolla "ejerciendo su derecho de soberanía constitucional de construir su progreso y controlar el positivismo legislativo, hoy en manos de los lobbies financieros".
El tercer paso es la independencia de las instituciones de control. A juicio del presidente del Consejo de Transparencia, "los ciudadanos deben convertirse en lo que Walter Sheider llama 'efectos niveladores' de las sociedades. Son soluciones abiertas, como la práctica de la rendición de cuentas, para que salten las alertas de lo que no funciona en las instituciones públicas y que las instituciones de control actúen". Esta función es clave "porque alertar socialmente es una misión preventiva para que los asaltantes de los recursos públicos no se los lleven ocultos en los muchos vericuetos de unas estructuras opacas".
El cuarto paso es establecer hitos que señalen el camino, "señales claras de a dónde se dirige la sociedad: la defensa de las pensiones, Salario mínimo decente, salud pública, educación, vivienda digna y tantos derechos reconocidos en los principios constitucionales cuyo desarrollo está pendiente".
