Las espadas están en alto, y ayer le tocó el turno de pronunciarse a favor del Trasvase Tajo-Segura, y contra la orden de la ministra de solo enviar en noviembre agua para beber y nada para regar, al Foro ProAgua de Alicante y la Mesa del Agua de la Diputación de esta provincia, reuniones a las que fueron invitados el consejero de Agricultura, Miguel Ángel del Amor, y los regantes de la Región.

En el Foro, el presidente del Sindicato de regantes, Scrats, Lucas Jiménez, anunció que los regantes han decidido llevar al Ministerio de Transición Ecológica a los tribunales y, en concreto, a los miembros de la Comisión de Explotación del Trasvase a los que acusan, presuntamente, de haber falseado los datos del agua embalsada en la cabecera del Tajo.

El portavoz del Foro y rector honorífico de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, denunció que «el incumplimiento de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura responde a una cuestión de aritmética electoral. No pueden encarecer el agua para beber mediante el uso de la desalación porque les restaría votos, entonces cargan contra el agricultor. La hoja de ruta está muy clara, llevar a una situación límite a la infraestructura», dijo.

La Mesa del Agua de la Diputación de Alicante, por su parte, aprobó una declaración en defensa del Trasvase Tajo-Segura y de sus normas de aplicación, y rechazó la orden del Ministerio. El consejero murciano, invitado a la reunión, destacó que «la unidad en la defensa de una infraestructura vertebradora es fundamental».

Planificación necesaria

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat valenciana presentó ayer, en la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso por el que se reclama al Ministerio que recupere los 20 hm³ del Trasvase del Tajo correspondientes al mes de noviembre. En su recurso, la Generalitat incide en que el recorte del trasvase afecta directamente a la «necesaria planificación» que realizan los agricultores cada trimestre.

«De las órdenes del trasvase aprobadas en septiembre se deduce, aplicando la necesaria planificación establecida en la normativa, que en noviembre se produciría un trasvase de 20 hm³, y los regantes planifican sus cultivos en función del agua que van a tener», se explica en el recurso.

El texto añade que «si se hubieran utilizado todos los informes y estudios que tiene el Ministerio, para decidir el trasvase de noviembre, estaríamos en nivel 2 y entonces, según la Ley, se hubieran tenido que trasvasar 38 hm3 de manera automática», subrayan los abogados de la Generalitat.

Y concluyen que «la Comisión de Explotación del acueducto Tajo-Segura ha utilizado criterios no contemplados en la normativa del trasvase para establecer su recomendación de noviembre».