El Banco de España considera a Murcia y a la Comunidad Valenciana las autonomías que siguen teniendo el farolillo rojo en el pago de las facturas a sus proveedores. En su último informe constata que la mayor parte de las administraciones públicas continúan presentando de manera «persistente» plazos de pago superiores a los que contempla la ley para el pago de sus facturas y advierte de que si la Administración acaba no resarciendo estas facturas pendientes, «puede llegar incluso a poner en peligro la viabilidad de algunas pymes». Así lo advierte el organismo emisor en un análisis sobre la evolución reciente de la deuda comercial de las administraciones públicas españolas, en el que subraya que una cuantía elevada de deuda comercial, junto con un retraso elevado en el periodo medio de pago a proveedores, puede acarrear consecuencias negativas sobre las empresas proveedoras, especialmente en momentos de restricción crediticia como las experimentadas durante la última crisis.

En su informe precisa que en la actualidad, sólo dos comunidades, Murcia y Comunidad Valenciana, se encuentran en el proceso de incumplimiento, en la tercera fase de medidas preventivas.

El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, aseguró ayer que la Comunidad paga sus facturas antes de los 30 días de plazo que establece la normativa legal, pero sigue estando bajo el control del Banco de España por haberlo incumplido en los últimos 18 meses.

De la Cierva sostiene que la Administración regional lleva varios meses pagando por debajo de los 30 días y da por el hecho que cuando se cumpla el plazo establecido para dejar de estar bajo control saldrá del grupo sometido a vigilancia. «Somos la sexta comunidad autónoma que mejor paga a los proveedores a pesar de la situación de infrafinanciación que sufre la Comunidad», aseguró el consejero.

Añadió que «el Gobierno regional trabaja intensamente para acortar este plazo y para que el tejido empresarial no sufra las consecuencias de la infrafinanciación. Mientras se mantenga el sistema de financiación autonómica actual es muy difícil reducir el plazo porque recibimos menos ingresos que el resto de comunidades, lo que nos genera importantes distorsiones en los pagos».

Para salir del sistema de control la administración pública incumplidora ha de reducir su plan de pago a proveedores por debajo de los 30 días legales durante seis meses consecutivos. Aragón y Extremadura salieron en marzo del año pasado del sistema de control tras cumplir el plazo legal de 30 días durante seis meses consecutivos.

La ley contempla diversas medidas para prevenir y corregir incumplimientos por parte de las administraciones públicas con respecto a los plazos legales. Así, fija cuatro fases preventivas y una coercitiva; la primera se activa ante el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, mientras que las tres fases preventivas restantes y la coercitiva se activan con el incumplimiento de dos meses consecutivos adicionales.

El Banco de España destaca que ocho regiones cumplieron el periodo de pago en el mes de septiembre, frente a una en septiembre de 2014, aunque que el máximo de la deuda comercial se ha reducido desde el 1,5% del PIB registrado por Extremadura y Valencia hace cuatro años hasta el 0,9% de Cantabria este año.