29 de noviembre de 2018
29.11.2018
La Opinión de Murcia
Laboral

Fichar a la entrada y a la salida del trabajo volverá a ser obligatorio

CC OO calcula que unos 100.000 fijos discontinuos y contratados a tiempo parcial dejarán de hacer horas de más si las empresas tienen que registrar la duración de la jornada laboral

29.11.2018 | 04:00
Fichar a la entrada y a la salida del trabajo volverá a ser obligatorio

La propuesta del Gobierno de hacer fichar a los trabajadores a la entrada y a la salida de su empresa para controlar el número de horas que realizan a lo largo de su jornada cumpliría una de las mayores aspiraciones de los sindicatos de la Región, que ven en esta fórmula la manera de acabar con el fraude en la contratación a tiempo parcial.

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, calcula que el registro obligatorio que el Ministerio de Trabajo quiere introducir en su reforma laboral beneficiará a más de 100.000 fijos discontinuos y empleados con contratos a tiempo parcial, que tienen problemas para poder jubilarse, porque al solicitar la pensión se encuentran con que no han cotizado los días necesarios, aunque los hayan trabajado. Por su parte, Antonio Jiménez, secretario de UGT, considera que obligar a las empresas a registrar la duración de la jornada se traducirá «en la creación de empleo», dado que impedirá realizar más horas extraordinarias de las permitidas.

Jiménez y Navarro coinciden en que la existencia de «un registro obligatorio facilitará también la labor de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, dado que podrán controlar la duración de las jornadas y las cotizaciones de los trabajadores de alta». Los máximos responsables de UGT y CC OO aseguran que los contratos a tiempo parcial encubren a veces jornadas muy superiores y dan por hecho que cuando sea obligatorio fichar a la entrada y a la salida del trabajo aflorará empleo sumergido.

También el director territorial de la Inspección de Trabajo, Diego Martínez Rafecas, aseguraba hace varias semanas ante los alumnos de la Facultad de Economía que los contratos a tiempo parcial son utilizados en muchos casos para abaratar los salarios y ahorrar cotizaciones a la Seguridad Social.

Por el contrario, para el presidente de la CROEM, José María Albarracín, la obligación de fichar «es una práctica que ya existe en multitud de empresas y en muchos sectores», por lo que resta importancia a los efectos que pueda tener esta medida en el futuro. Albarracín niega además la existencia de fraude en el cumplimiento de la jornada laboral y defiende «que se está cumpliendo la legalidad».

A su juicio, las denuncias de los sindicatos sobre el incumplimiento de las horas pactadas en los contratos a tiempo parcial quedan fuera de lugar. «Están fuera de la hoja de ruta que llevábamos», dijo refiriéndose al entendimiento que han alcanzado la patronal y los sindicatos sobre la negociación colectiva.

La intención del Ministerio de obligar a las empresas a controlar mediante un registro las horas trabajadas por sus empleados se ha conocido pocos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revisara la doctrina del Supremo español, que en una sentencia reciente liberaba a las empresas de esta tarea.

La Audiencia Nacional, que no compartía el criterio del Supremo, había preguntado al Tribunal de Justicia de la UE si establecer un sistema de registro de jornada incumpliría las normas europeas. También CC OO había acudido a la Justicia europea, que el pasado 12 de noviembre celebró la vista oral en su sede de Luxemburgo.

Por su parte, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, ha recordado que una de las primeras medidas que aprobó el Gobierno actual fue el Plan Director por un Trabajo Digno, que contempla la visita de la Inspección de Trabajo a las empresas. «Es fundamental que el inspector de Trabajo que llega a la empresa sepa cuál es el tramo de horario en el que esos trabajadores deben estar», apuntó.

El secretario general de UGT, José María Álvarez, dijo que «no tiene ni pies ni cabeza que se proteste por el sobrecoste, porque todas las empresas tienen un sistema informático, lo que permite acabar con la impunidad». El secretario general de CC OO, Unai Sordo, cree que «es una medida fundamental» para eliminar la contratación en 'B'.

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