Francesc Gambús fue uno de los ponentes de la primera jornada que sobre depuración y saneamiento se inauguraron ayer en Lorca. Habló sobre la normativa que prepara la Comisión Europea en materia de reutilización de las aguas depuradas.

En la Región de Murcia hay mucha preocupación por los términos en los que se ha redactado esta normativa. ¿Es para tanto?

La preocupación de Murcia es la preocupación de todos los países mediterráneos de la UE. La Región no está sola. Somos países que reutilizamos agua hace tiempo, aunque en eso Murcia es pionera, está a la vanguardia de todo, aprovechando hasta la última gota de agua. Por tanto, creo que hay que lucharlo, pues hay en Europa quien quiere establecer unos niveles, unos parámetros, tan altos para poder reutilizar ese agua, que ni el agua normal que bebemos tienen. Yo diría que hay que estar preocupados, pero no pesimistas e intentaremos que este reglamento, que sería de obligado cumplimiento, se convierta en una directiva, con lo que cada país miembro tendría más margen para adecuarlo todo a nuestra realidad.

Si se mantuviera como está nos tendríamos que olvidar de reutilizar el agua como hasta ahora, ¿no?

Habría muchas dificultades. Pero también es verdad que estamos en el principio del proceso legislativo, por lo que es demasiado pronto para alarmarse con la propuesta de la Comisión. Sí que necesitamos movernos para modificarla pero no alarmarnos porque sea una cosa hecha.

¿De qué plazos hablamos?

El plazo para las enmiendas acabó el 15 de noviembre; la Comisión de Medio Ambiente votará el texto en enero para que se vote la primera lectura en el Parlamento en febrero y a partir de ahí comienzan las negociaciones con los gobiernos de los países miembros. Así hay margen temporal para reconducirla. No creo que se apruebe en esta legislatura. Creo que será tras las elecciones de mayo de 2019. Sería, por tanto, en 2020.

De todos los artículos del reglamento, ¿cuáles considera más controvertidos?

Son varios. Por ejemplo, el que hace referencia al ámbito de aplicación, que establece su uso para el regadío; la decisión del punto en el que se deben fijar los parámetros de calidad, si a la salida de las depuradoras o en el de entrega al regante; el de los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los operadores de las instalaciones; el de quién debe pedir el permiso para el uso de este agua (la propuesta va más allá de la normativa española, que indica que sea el regante) y que incluye el control de los parámetros de calidad; y la entrada en vigor de la norma: ellos proponen 1 año de adaptación a la nueva norma y nosotros hemos pedido que se amplíe a tres.