« No estoy contento. Yo lo único que quiero estar es haciendo juicios en mi sala de vistas y no estoy. Y bastante me fastidia». Así se expresaba, allá por el mes de mayo, el magistrado del Penal 3 de Murcia, Andrés Carrillo. Lo hacía en el marco de la huelga de jueces y fiscales que, solo en la Región, obligó a suspender más de 200 juicios.

La Ciudad de la Justicia quedaba entonces paralizada. Los profesionales salían a la calle y hacían partícipe a la opinión pública de lo que les estaba pasando: simplemente pedían «unas cargas de trabajo razonables, luchar por nuestra salud laboral y recuperar los derechos que nos fueron arrebatados después de los recortes», decía entonces el magistrado de la Audiencia Provincial Enrique Domínguez, portavoz de la asociación Francisco de Victoria.

Ha pasado medio año. El Ejecutivo central ha cambiado de color. En aquella primera huelga, era ministro de Justicia el popular Rafael Catalá, y los juristas pedían insistentemente su dimisión. Ahora la cartera está en manos de la fiscal Dolores Delgado (crítica con la gestión de su antecesor), pero nada parece haber mejorado. Las demandas son las mismas.

Jueces y fiscales de la provincia consultados por esta redacción afirman que vuelven a secundar el paro sin ganas. Lo hacen para luchar por sus derechos, pero lo que les pide el cuerpo es seguir trabajando. Tanto en los despachos como en su propio hogar. La suya es, explican, una profesión eminentemente vocacional, lo que da lugar a que se lleven el trabajo a casa prácticamente a diario y estén, delante del ordenador y con papeles, mañana, tarde y noche. Gran parte de la población, creen, no conoce cuál es en realidad la labor de un magistrado.

La ministra Delgado decía hace apenas unos días que, desde que ella relevó a Catalá, está trabajando para cumplir «la mayoría de las reivindicaciones» y para poder dotar de más medios a los juzgados. Asegura que es ella la que retomado el diálogo con los profesionales, que antes era inexistente, que se han formado grupos de trabajo y que tiene un plan para mejorar la Justicia.