En 2017 se cursaron 7.839 de denuncias por violencia de género en la Región

La Fundación destaca que la violencia de género representa uno de los mayores problemas estructurales a los que han de hacer frente las sociedades contemporáneas y, en este contexto, presenta por sexto año consecutivo el informe 'Un empleo contra la Violencia', próximo al 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.

El informe ha basado sus conclusiones en una encuesta a 500 mujeres víctimas de la violencia de género, así como en un análisis de los datos de denuncias por violencia de género ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

En 2017, los juzgados españoles recibieron un total de 166.260 denuncias por violencia de género, un 4,7% de ellas en la Región de Murcia (7.839) la cifra más alta desde que el Consejo General del Poder Judicial contabiliza los datos.

Concretamente, el número de denuncias se ha incrementado un 24,4% en Murcia con respecto al año pasado y un 63,4% desde 2012, hace un lustro. Entre las causas que motivan este incremento destacan principalmente dos.

La consideración de violencia de género ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un problema social de primera magnitud, según la Fundación. Así, en los últimos años, los casos de violencia están contando con una difusión mediática real y sacando a la luz la persistente desigualdad entre hombres y mujeres.

Esta creciente conciencia social ha servido de base para articular, durante la última década, instrumentos judiciales y asistenciales para hacer frente a la violencia de género, así como de estímulo para que las víctimas rompan su silencio, según las mismas fuentes.

ESPERANZADORES DATOS DE EMPLEO

Las cifras oficiales reflejan un comportamiento favorable del mercado laboral que, tras la crisis económica, ha arrojado datos esperanzadores en materia de empleo, según la Fundación.

Años atrás, el estallido de la crisis y la consiguiente falta de expectativas profesionales, mermaron la confianza de las mujeres -gran parte de ellas en desempleo o trabajando sin contrato- a la hora de interponer la denuncia, debido al temor a no poder salir adelante por sí mismas.

Tras años consecutivos de descensos, en 2014 y, coincidiendo con la recuperación económica, se rompió esta tendencia y las denuncias comenzaron paulatinamente a crecer. La reactivación económica podría estar detrás de este incremento, al potenciar la confianza de las mujeres en un empleo que les permita ser autónomas e independientes.

"La progresión de denuncias podría considerarse positiva, en la medida en que cada vez afloran más casos de violencia, pero al mismo tiempo visibiliza el gran peso que sigue teniendo esta lacra en nuestra sociedad", destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

"Las empresas y poderes públicos tenemos la gran responsabilidad de dar respuesta a la cada vez mayor masa de mujeres que piden ayuda, a través de políticas activas de empleo y de no discriminación que garanticen un acceso continuado y sostenible al mercado laboral", ha manifestado.

EMPLEO, BARRERA CONTRA LA VIOLENCIA

Aunque no existe un perfil sociodemográfico de mujer víctima, dándose por igual en todos los estratos económicos y socioculturalesi, el proyecto europeo WeGo!, llevado a cabo en 12 centros de 4 países europeos (España, Grecia, Bulgaria e Italia), pone de manifiesto que casi 6 de cada 10 víctimas (59,1%), se encuentra desempleada en el momento de sufrir la violencia, cifra que contrasta con el 18,3% registrado en el momento de realizar el citado estudio (diciembre 2017).

Los datos del presente informe vienen a afianzar la conclusión de WeGo!, arrojando cierta relación entre desempleo y violencia de género. Así, un 65% de las encuestadas manifiesta encontrarse desempleada, junto a un 16% que admite desempeñar algún tipo de ocupación, pero sin contrato, en condiciones de absoluta desprotección (en algunos casos, sin conocimiento del agresor).

En la misma línea, un 58% de las desempleadas es de larga duración, es decir, lleva más de un año sin encontrar trabajo.

Según la consultora de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, "en muchas ocasiones, es la propia violencia de género la que aleja a las víctimas del mundo laboral, debido al bloqueo de acceso al empleo que ejerce el agresor, conduciéndolas a una espiral de aislamiento que deriva en mayores cotas de desempleo y en grandes dificultades para buscarlo. Asimismo, el hecho de no ser independientes económicamente puede ocasionar que la violencia de género se perpetúe en el tiempo".

Por su parte, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, comenta que "el desempleo y los trabajos realizados en la economía sumergida conducen a más de 8 de cada 10 mujeres víctimas a la exclusión social y a la pobreza, propiciando que su situación se prolongue en el tiempo".

Por ello, explica que "el empleo se alza como el recurso clave para hacer frente a la violencia de género, al constituir el único elemento que empodera transversalmente a las mujeres, incrementando su autonomía, independencia y autoestima".

El directivo concluye que "si bien el empleo no es un muro infraqueable contra la violencia de género, sí constituye una sólida barrera que actúa como mecanismo preventivo, contribuyendo decisivamente a la recuperación integral de las mujeres, una vez han superado la situación de violencia".

FRENOS PARA DENUNCIAR

El desempleo se convierte, precisamente, en uno de los principales frenos para que las mujeres den el paso y pidan ayuda: un 71% destaca el paro y las situaciones de precariedad como principales frenos para denunciar. Al no tener ingresos propios y depender económicamente del agresor, -muchas veces por imposición directa de éste-, y al sentir menoscabada su autoestima, temen encontrarse solas, sin recursos e, incluso, perder la custodia de sus hijos.

Un porcentaje superior (80%) subraya el miedo a las represalias, previendo que la denuncia pueda tener un efecto multiplicador en la violencia, tanto sobre ellas, como sobre sus hijos. De lejos, un 40% destaca la inseguridad jurídica, es decir, la desconfianza en la protección que le proporcionará el sistema. Asimismo, un 38% admite no denunciar por vergüenza a "reconocer" las graves situaciones que ha tolerado, seguidas de un 35% que declara no querer perjudicar al agresor (prisión, pérdida de estatus social y familiar, etc).

Además, y como se aprecia en el siguiente gráfico, existen otras razones que llevan a las víctimas a la inacción: la esperanza de que su pareja cambie (31%), o la voluntad de "aguantar" para que sus hijos tengan una familia (25%).