Las 37.000 empresas de la Región no solo están obligadas a declarar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, sino que deben acompañar esta información con la lista de socios que poseen el 25% del capital de la compañía, en cumplimiento de una orden del Ministerio de Justicia destinada a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El decano del Colegio de Registradores de Murcia, Carlos Pinilla, dio a conocer ayer el contenido de esta orden, que permitirá conocer la composición de todas las empresas con el propósito de impedir la utilización de sociedades pantalla en actividades delictivas. La información recopilada en el llamado Registro de Titularidades Reales podrá cruzarse con las bases disponibles en los demás países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español. De esta forma, será posible perseguir las actividades ilícitas que realice cualquier persona que aparezca como titular de una empresa.
Carlos Pinilla explicó que el Registro de Titularidades Reales es «una nueva herramienta que los registradores ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». Precisó que este registro «contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Esta información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales».
Carlos Pinilla recordó que el plazo de presentación de las cuentas anuales y de la relación de titularidades reales, que corresponde a los socios con una participación en el capital social de la compañía superior al 25%, termina «el último día del primer semestre del año».
Este año ha sido el primero en el que ha existido la obligación de aportar antes del 30 de junio la lista de socios de las 37.000 empresas que existen en la Región, según los datos que ayer facilitó el decano de los registradores. A partir de esta fecha y hasta final de año las empresas que hayan sufrido algún tipo de incidencia podrán realizar las precisiones necesarias.
La orden de Justicia desarrolla una directiva europea que «obliga a todos los Estados miembros de la UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de titulares últimos o reales». La conexión de la información recopilada en cada país tiene como objetivo «asegurar la cooperación internacional».
Según indicó Carlos Pinilla, las empresas que incumplan esta obligación «tendrán muy limitada su capacidad de actuación» y se verán penalizadas, dado que no podrán relacionarse con la Administración ni estarán en condiciones de participar en licitaciones públicas, por ejemplo.
Por otra parte, la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, destacó que «con la puesta en marcha de este servicio los registradores de la Propiedad y Mercantiles renovamos y reforzamos nuestro compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y las actividades que suelen encontrarse detrás, como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo».
