La posible prórroga de los Presupuestos del Estado de este año en 2019, si el Gobierno no consigue los votos necesarios para sacar adelante las cuentas del próximo año, deja en el aire la subida de sueldo a los funcionarios de todas las instituciones públicas. El Ministerio de Hacienda firmó un acuerdo con los sindicatos el pasado mes de marzo que contempla las subidas para el trienio 2018-2020 para todos los empleados públicos, pero no está claro que la revisión pactada pueda aplicarse en caso de que haya prórroga.

Para garantizar que los salarios de los empleados públicos se incrementen a principios de año un mínimo del 2,25 por ciento, más un 0,25 por ciento adicional si el crecimiento del PIB alcanza el 2,50 por ciento, tal y como establece el acuerdo vigente, el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, ha pedido este martes a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, una alternativa, que podría pasar por la aprobación de un decreto.

Según informó la Comunidad Autónomas en una nota de prensa, De la Cierva demandó que la subida salarial se desvincule de los Presupuestos Generales del Estado, "una solución al margen de la situación de bloqueo presupuestario para evitar que la falta de acuerdo sobre las cuentas del Estado para 2019 perjudique a los empleados de la Administración regional".

De este modo, el consejero sugirió la redacción de un decreto-ley para asegurar que la subida salarial que reflejan los Presupuestos Generales del Estado entre en vigor el 1 de enero, "haya o no acuerdo presupuestario, porque la situación política no tiene por qué perjudicar a los trabajadores públicos ni hacerles perder poder adquisitivo".

Al desligar la subida salarial de la aprobación de los presupuestos, el Gobierno regional podría hacerla efectiva de manera inmediata y evitar así que los empleados de la Administración regional pierdan poder adquisitivo´.

El titular de Hacienda también solicitó que el Estado se encargue de regular la ampliación del permiso de paternidad para que se aplique de forma homogénea en todas las administraciones públicas, a través del Estatuto Básico del Empleado Público, y para que se haga extensiva a todos los trabajadores del sector privado, a través del Estatuto de los Trabajadores.

En ese sentido, De la Cierva aclaró que "los permisos de maternidad y paternidad deben ser iguales para todas las familias, sean empleados públicos o no, porque el cuidado de los hijos es un derecho básico de todos los trabajadores. Además, las diferencias en la aplicación de derechos básicos es discriminatoria".