11 de noviembre de 2018
11.11.2018
La Opinión de Murcia
Trabajo

Unos 410.000 contratos temporales son nulos en la Región de Murcia

La Inspección de Trabajo advierte de que la mayoría de los trabajadores eventuales pasarían a ser fijos si llevaran a las empresas a los juzgados de lo Social

11.11.2018 | 04:00
Unos 410.000 contratos temporales son nulos en la Región de Murcia

Casi todos los contratos eventuales que se firman en la Región son incorrectos, porque no responden a una causa objetiva que justifique la temporalidad, según las estimaciones del director territorial de la Inspección de Trabajo, Diego Martínez Rafecas. El jefe de la Inspección dependiente del Ministerio de Empleo y de la Comunidad Autónoma, que este miércoles pronunció una conferencia ante los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, advertía de que si los trabajadores eventuales acudieran a los juzgados de lo Social, la mayoría pasarían a convertirse en fijos. Alertó también a los futuros empresarios de que los inspectores encuentran las irregularidades más frecuentes en las modalidades de jornada reducida y de formación.

Martínez Rafecas recordó que «un contrato de trabajo se formaliza con un apretón de manos», porque el Estatuto de los Trabajadores «le otorga validez», pero dejó claro que «la contratación temporal debe tener una causa», algo que, a su juicio, no se daba el pasado año en unos 410.000 de los 421.000 contratos firmados, que calificó de incorrectos.

Destacó especialmente que «la acumulación de tareas» a la que se acogen la mayoría de las empresas no se corresponde con la realidad, lo que hace que «casi ningún contrato temporal resista una revisión mínima». Sin embargo, más del 90% de los que se firman son temporales.
Martínez Rafecas también se mostró muy crítico con el uso de los contratos a tiempo parcial, dado que superar las horas estipuladas constituye un fraude, porque «la empresa paga bajo mano, pero no cotiza a la Seguridad Social» todo lo que debería.

En este caso, los resultados de las inspecciones realizadas resultan muy elocuentes, porque de los 1.044 contratos a tiempo parcial revisados este año en 388 inspecciones a otras tantas empresas, 584 (el 55,9%) tuvieron que aumentar la duración de la jornada y dieron lugar a 141 multas y al ingreso de más de 358.000 euros en liquidaciones a la Seguridad Social. En todo 2017 se revisaron 993 contratos en 493 empresas y se encontraron irregularidades en 594 (59,8%), que provocaron 125 sanciones y el ingreso de 284.722 euros en cotizaciones.

Multas por el trato a los becarios

Las campañas que la Inspección de Trabajo está realizando en los últimos años para evitar los abusos en los contratos de formación están dando resultados. La proporción de becarios que han pasado a convertirse en trabajadores con un contrato ordinario tras la revisión ha disminuido este año de forma significativa en relación a los ejercicios anteriores, aunque eso no evita que aumenten las infracciones detectadas y el importe total de las multas impuestas a las empresas incumplidoras. Entre enero y octubre han sido revisados 120 contratos de prácticas y solo 17 de ellos, que representan el 14,16% del total, han pasado a convertirse en ordinarios. En todo 2017 se reconvirtieron 95 de los 172 contratos inspeccionados (55,23%).

"Todos los accidentes laborales pueden evitarse"

odos los accidentes laborales pueden evitarse». El director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Diego Martínez Rafecas, sostiene que la siniestralidad laboral no se puede imputar a la fatalidad, sino a la improvisación y a la falta de control sobre las medidas de prevención que deben aplicar las empresas. Martínez Rafecas acusa a las compañías de limitarse a entregar a sus trabajadores los cascos, los chalecos  y el resto de prendas y utensilios incluidos en el equipo de prevención, sin ocuparse después de asegurarse de que  los utilizan correctamente. 
En una conferencia impartida a los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa, Martínez Rafecas se lamentó de que los empresarios no son conscientes de que sus obligaciones no se limitan a facilitar los equipos de seguridad, sino que también son responsables de tomar las medidas para evitar un accidente en caso de que «el trabajador cometa una imprudencia o tenga una distracción. Alguien especializado debe definir los riegos y establecer lo que hay que hacer».  
Como ejemplos, el jefe de la Inspección citó los dos accidentes laborales más graves que se han producido esta semana en la Región, en los que resultaron heridos un trabajador que cayó desde el techo de una nave y otro que quedó sepultado en una zanja durante veinte minutos. «Si el trabajador que cayó desde una altura de siete metros y se golpeó en un camión que había debajo del techo al quebrarse una placa solar hubiera llevado el arnés obligatorio, se habría quedado colgando y lo hubieran podido descolgar», aclaró.
 
Sobre el caso del operario que «quedó sepultado vivo en una zanja de tres metros de profundidad durante veinte minutos» dijo que si  se hubieran cumplido las medidas de seguridad establecidas, «el trabajador se habría quedado en el fondo y no le habría pasado nada. Está todo inventado». 
 
Martínez Rafecas defendió que «todos los accidentes de trabajo, como los accidentes de tráfico, son evitables. Todos. Igual ocurre en la carretera, si todos llevamos los vehículos en condiciones adecuadas, respetamos los límites y estamos atentos a las condiciones del tráfico, es posible que no haya accidentes. La mayoría de las personas no tiene ninguno», recalcó. «Estamos hablando de empresas del siglo XXI, que son capaces de todo, excepto de proteger la vida de sus trabajadores. Que una persona que acude a su puesto de trabajo pierda la vida o la salud es algo que no puede permitirse una sociedad medianamente seria», se lamentó.
 
Aunque la legislación obliga a las empresas a realizar  evaluaciones de los posibles riesgos,  señalaba que «en la realidad esas valoraciones, se hagan mal o bien, acaban metidas en un archivo en la empresa y los trabajadores van a su libre albedrío». A su juicio, falta una planificación que establezca los protocolos a seguir y marque las pautas para evitar que los trabajadores pongan en peligro su vida por comodidad. «Todos los equipos de protección son incómodos: trabajar con una mascarilla es muy incómodo, pero quien se la quita corre el riesgo de enfermar o de matarse».
 
También dejó claro que el coste de la prevención «no es exculpatorio». Por el contrario, explicó que en las centrales nucleares, ante el elevado riesgo que existe para la plantilla, «se invierten 50 o 60 minutos de la jornada en cautelas de seguridad. Y luego nos cobran en el recibo de la luz un céntimo más a cada uno».

Sin embargo, los diez primeros meses de este año se han impuesto ya 44 sanciones que suman más de un millón de euros. El pasado año las sanciones ascendieron a 26 y sumaron 748.641 euros. El director territorial de la Inspección recordó que las empresas deben ofrecer «una formación real» a los alumnos en prácticas, que no pueden hacer turnos ni horas extraordinarias. Tampoco pueden trabajar por la noche ni realizar jornadas de más de seis horas.
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