El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto sobre la mesa el debate para la reforma «integral» de la profesión docente con un foro que ha inaugurado la ministra, Isabel Celaá, quien ha planteado nuevos requisitos para ser docente, así como evaluaciones voluntarias con el fin de mejorar en sus condiciones laborales.
«Existe un amplio consenso en que los docentes son la pieza básica de la calidad de la educación» pero no siempre se ha traducido en «las condiciones necesarias» para que lleven a cabo «su compleja labor con éxito», indicó la ministra a los expertos que se han dado cita en el Foro 'Educar para el siglo XXI'. Celaá confió en encontrar «un deseo común entre las fuerzas políticas y los representantes de la comunidad educativa» y alcanzar un acuerdo sobre esta profesión.
La jornada contó con la participación de expertos en materia de educación procedentes de entidades internacionales, administraciones públicas y de universidades, que abordaron diversos aspectos clave de la profesión docente como políticas de éxito sobre el desarrollo profesional del profesorado, formación inicial, impulso al ejercicio de la profesión docente, formación permanente y evaluación.
La ministra apuntó que a la docencia deben llegar «los mejores» y no aquellos que lo hacen «por avatares de la vida», para lo que es necesario redefinir desde el acceso a la profesión a la evaluación de su quehacer.
Celaá habló también de establecer algún tipo de prueba o requisito para acceder a los estudios de Magisterio y al máster para optar a una plaza de profesor de Secundaria.
Sobre las evaluaciones voluntarias manifestó: «No podemos dejar de establecer un sistema de evaluación riguroso y confiable que permita a todos aquellos que lo deseen recibir una información sobre su quehacer docente y que les ayude a seguir avanzando en su práctica y mejorar también las condiciones».
Los profesores responden
Diego Fernández Pascual, de Comisiones Obreras en la Región, respondió a la ministra que «a los docentes ya se nos evalúa constantemente en multitud de procedimientos; no habrá problema en ese sentido». Y apuntó que «este tipo de planteamientos hechos de esta forma despiertan el rechazo del profesorado, que puede considerarse cuestionado».
En opinión de este sindicato, los problemas del sistema educativo no tienen que ver con la formación del profesorado, «no hay ningún estudio que considere que esta (la formación, o la falta de ella, del profesorado) sea una causa de los principales déficits y dificultades de nuestro sistema».
Acudir a este tipo de declaraciones «es una salida facilona», «una cortina de humo» tras la que ocultar problemas que requieren de fuerte compromiso presupuestario. «Y ahí ya no son tan contundentes», concluyó.
Desde Anpe en la Región, su presidente, Clemente Hernández, indicó que su sindicato une a las evaluaciones a los profesores una serie de incentivos. «Pero no solo en términos económicos, porque el trabajo bien hecho tiene que ver con las motivaciones, y aquí entra la carrera profesional».
Hernández destacó que «no tenemos miedo a que nos evalúen» pero que, de hacerse, debe ser de una manera «seria y objetiva» y con unos parámetros claros, «que no dependan de quien evalúa».
El sindicato Anpe abogó, además de por una compensación económica, por puntos que sirvan al docente que ha cumplido los objetivos que se pongan para poder sumarlos a su expediente y que les cuente para traslados, solicitudes de beca, comisiones de servicios, etc.
Tanto Comisiones como Anpe reclamaron que el método sea consensuado con el sector.
