El Gobierno podrá prohibir a los camiones y otros vehículos pesados circular por las carreteras nacionales y obligarles a desviar sus trayectos por autopistas, si bien contarán con un descuento en los importes de los peajes. Así lo recoge uno de los puntos de la reforma de la Ley de Carreteras aprobada por real decreto en el Consejo de Ministros de este jueves. Desde el pasado 2 de septiembre los camiones ya están obligados a utilizar solo la AP-7 entre Castellón y la frontera, lo que dio lugar a una protesta de los transportistas, que bloquearon la autopista el 11 de octubre.
Con esta medida, Fomento da cobertura legal a una iniciativa que ya ha implementado puntualmente en algunos tramos de vías, aunque mantiene que era fruto de acuerdos con las comunidades autónomas correspondientes y los transportistas. A partir de ahora, el Ministerio tendrá capacidad de hacerlo por ley. No obstante, establece que para ello deberán concurrir razones de «seguridad vial o medioambientales». Además, se indica que cada eventual prohibición y desviación hacia las autopistas de los camioneros deberá desarrollarse «mediante convenios o reales decretos» y «se acompañará de las correspondientes bonificaciones a los transportistas. Se trata de regular una práctica que se ha venido realizando en algunas carreteras con buenos resultados para la seguridad vial y que está siendo demandada en algunos territorios», según indicó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
En los tramos de carreteras en los que se ha implantado la medida es el Gobierno el que abona a la concesionaria de la autopista la diferencia del peaje que corresponde al descuento que se hace a los camioneros. Con esta incitativa, el Gobierno busca repartir el tráfico entre las distintas redes viarias y contribuir a la fluidez de la circulación y la mejora de la seguridad
La Confederación Española de Transporte (CETM) ha rechazado la puesta en marcha de desvíos obligatorios de camiones desde las carreteras nacionales a las vías de peaje a cambio de descuentos y dice que «atenta» contra la libre circulación y genera «graves» y «costosos» problemas para el sector. La patronal insiste en que este tipo de medidas supone un aumento innecesario de los kilómetros recorridos e importantes pérdidas de tiempo derivadas de las complicaciones que conlleva acceder o abandonar las vías de peaje.
Por otra parte, el Gobierno ha endurecido las sanciones a las concesionarias de las autopistas que, por negligencia, causen «perjuicios significativos» a los usuarios.
