El pleno de la Cámara autonómica también validó ayer por unanimidad la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, que prohíbe el uso partidista de la imagen de la Comunidad Autónoma en beneficio de las formaciones que compongan el Ejecutivo murciano.

Se trata de la segunda norma impulsada por Podemos que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. La primera, acordada en 2016, fue la proposición de ley para la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género en la Región, indicaron fuentes de la formación morada.

La Ley de Comunicación contempla que en las actividades publicitarias y la comunicación institucional no deberá «cuestionarse, implícita o explícitamente», a otras instituciones, entidades o personas, además de servir «exclusivamente» a razones de interés público o general y de lealtad institucional.

Además, la norma prohíbe que las campañas contratadas tengan como finalidad «destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados» por la Comunidad Autónoma, la Asamblea Regional, los ayuntamientos o las universidades públicas, al tiempo que prohíbe la contratación de empresas que hagan uso de paraísos fiscales.

Asimismo, las campañas institucionales no podrán confundir la identidad corporativa de la Comunidad con la de un partido, ni realizar publicidad institucional mediante la modalidad de patrocinio cuando se vulneren principios democráticos, así como tampoco poner en marcha campañas institucionales en periodo electoral. Finalmente, no podrán insertar espacios de publicidad institucional en los medios de comunicación que contengan anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual y reproduzcan contenidos vejatorios o banalicen la imagen de las mujeres, además de crear un Consejo de Publicidad y Comunicación Institucional que planifique, evalúe y coordine las actividades y, además, elabore un plan a principios de año en el que se incluirán todas las campañas, su objetivo, coste y periodo de ejecución.

Todos los partidos se reprocharon mutuamente el uso de la comunicación institucional a nivel autonómico y nacional, además de las intromisiones en la libertad de prensa de los medios de comunicación.