El compromiso adquirido por el Ministerio para la Transición Ecológica con el gobierno de Castilla La Mancha vuelve a dejar en vilo a los regantes de la Región. Y es que, tras una reunión entre la consejera de Fomento de la comunidad manchega, Agustina García, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el representante del Ejecutivo central se comprometió a estudiar la elevación del desembalse de la cabecera del río Tajo de 365 hectómetros cúbicos que están estipulados a los 800 que dicen los informes del Gobierno de Castilla La Mancha que como mínimo habría que conseguir para mejorar la calidad ecológica del caudal.

Una medida que provocaría una reducción de los posibles trasvases a la cuenca del Segura, por lo que los regantes de la Región podrían verse perjudicados.

Desde Castilla La Mancha, la consejera García insistió en que «hay que poner sobre la mesa y contemplar medidas que garanticen de verdad la situación ecológica del Tajo». «Los caudales ecológicos no se están cumpliendo», argumentó.

Sobre el compromiso del Ministerio, García expresó que se trata de «un criterio lógico», ya que «la sequía y el cambio climático están aquí, son una realidad que ha venido para quedarse y hay que adaptarlo a las normas y reglas de explotación», argumentando que en estos últimos años, periodo 2016-2018, ha llovido un 30,5% menos que en el ciclo anterior, por lo que «estos números habrá que adaptarlos a esas decisiones que se tomen de aquí en adelante».

Asimismo, la consejera de Castilla-La Mancha explicó que se ha solicitado la modificación del decreto 773 que regula las reglas de explotación «bajo unos criterios de prioridad de la cuenca cedente y bajo unos criterios ecológicos para garantizar unos caudales ecológicos para el río».

En este aspecto, Morán tomó el testigo con buena predisposición y «utilizando la palabra que desde el Gobierno regional alabamos como es la de garantizar la calidad ecológica del agua en el Tajo, algo lógico y de sentido común y que hasta ahora no habíamos oído por parte del Ministerio», dijo García.

La consejera del Gobierno castellano-manchego también se refirió a la necesidad de que el Ejecutivo central también consiga el compromiso de otras comunidades autónomas para que cumplan en materia de depuración.

No obstante, entre otras peticiones, García y Morán abordaron las inversiones que están contempladas en la planificación hidrológica, pero que no se están llevando a cabo o están a la mitad de ejecutarse. Asimismo, se pidió que se haga la concesión inmediata de 10 hectómetros cúbicos de riego social para los regantes del Segura y que se conceda la sustitución de bombeos en la zona del Júcar, ya que se necesita la inversión para el agua que es fundamental para los regantes de allí.

«No venimos nunca a buscar ninguna guerra del agua, pero sí queremos una distribución territorial justa», afirmó la consejera de Castilla La Mancha.