La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la Ley regional de Comunicación y Publicidad Institucional que evitará que la publicidad que se realice desde las instituciones públicas en la Región se pueda identificar con algún partido político o que sirvan para destacar los logros de gestión u objetivos alcanzados por el Ejecutivo. Según el texto, la publicidad tampoco podrá inducir a confusión con los símbolos, lemas, ideas o imágenes que emplee cualquier formación política.

La ley también evitará la publicidad de mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los derechos constitucionales, así como aquellos que inciten a la violencia.

Durante el debate parlamentario, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha detallado que la ley tiene como objetivos la transparencia y la preservación "De la lealtad institucional y la pluralidad de los medios". La norma, ha añadido, "establece garantías para asegurar que las campañas institucionales de comunicación y publicidad sean útiles a los ciudadanos y no al gobierno que las promueve".

El PP ha reprochado a Podemos que esta ley pretenda "controlar" a los medios de comunicación, a lo que Urralburu lo ha desmentido criticando al PP por "llamar a los medios de comunicación amenazando con retirar campañas de publicidad; esto se va a acabar con esta ley".

La popular Isabel María Soler ha manifestado que se trata de una ley "de mínimos, con solo 14 artículos" y ha indicado que "no gusta a nadie", en alusión a las 48 enmiendas que presentó el PSOE al texto. Además, ha apuntado que "muchos aspectos" que refleja la ley "ya los está haciendo el Gobierno" como la realización de un plan anual de comunicación y publicidad o publicar en el portal de la Transparencia los contratos con cuantía superior a los 15.000 euros.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell, ha dicho que "no se debe utilizar el dinero público para la propaganda". A su juicio, la ley es una "herramienta para regenerar la vida política". Durante su intervención ha destacado que la ley "clarifica la publicidad institucional, evita una publicidad confusa", aunque ha apuntado que esta norma "clona a la de la Rioja".

Por parte del PSOE, Emilio Ivars, ha manifestado que la ley evitará que se realicen campañas de publicidad desde las instituciones para mejorar la imagen de cargos públicos y que las administraciones públicas no puedan patrocinar actos que pongan en cuestión los principios de la ley "como por ejemplo el Día del Macho Ibérico", ha dicho recalcando que se trata de una ley "de las más innovadoras".

Tras la votación de la ley, la consejera de Transparencia, Noelia Arroyo ha tomado la palabra manifestando que se trata de una ley "positiva", aunque considera que se trata de una ley "vieja" porque "si el Gobierno se limita a hacer lo que cumpla la ley, daremos mucha menos información que actualmente", ha dicho antes de añadir que el Gobierno regional está trabajando en la planificación de las campañas, algo que se puede "contrastar y verificar". No obstante, ha señalado que la ley promueve que los ayuntamientos "comiencen a ser igual de transparentes que está siendo el Ejecutivo".