La Inspección de Trabajo detectó 4.694 trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social el pasado año, cuya situación laboral quedó regularizada. En los diez primeros meses de 2018 han aflorado 2.455 trabajadores en situación irregular, según los datos facilitados por la Consejería de Empleo. Este Departamento celebró ayer una jornada con los municipios de la Región que han suscrito convenios para atajar la economía sumergida y facilitan información sobre las denuncias por ruidos o vertidos que ayudan a detectar empresas no declaradas.
La hostelería es uno de los sectores que registra un mayor volumen de economía sumergida, lo que ha dado lugar a una campaña especial desarrollada durante los meses de verano en la Región, con visitas nocturnas e incluso inspecciones realizadas durante los fines de semana. También la agricultura está sometida a una vigilancia más intensa debido a la intensa actividad que realizan las empresas de trabajo temporal (ETT) en la Región.
El consejero de Empleo, Javier Celdrán, indicó que hay 34 municipios con convenios de lucha contra la economía irregular, «que facilitan datos a la Comunidad Autónoma para detectar posibles actividades irregulares».
Estos convenios, que están en vías de renovación, aportan datos, por ejemplo, sobre indicios de actividad sumergida a través de obras detectadas por servicios de inspección urbanística, inmuebles descubiertos que no figuren en el catastro, producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas detectados por los servicios de limpieza viaria, denuncias de actividades ruidosas o molestas, actividades profesionales no declaradas descubiertas por la policía municipal y datos relativos al consumo de agua.
Al cruzar estos datos con otros de la propia Comunidad saltan alertas que son trasladadas a la Inspección de Trabajo para que realice su labor, aflorando la economía sumergida. «Queremos renovar el compromiso con los ayuntamientos y tenemos la puerta abierta para que todos los municipios de la Región se adhieran a esta lucha, porque entendemos que todos tenemos que remar en esta materia en la misma dirección», inicó Javier Celdrán. Abogó por «la tolerancia cero y la coordinación entre las administraciones públicas contra la economía sumergida. El mensaje compartido es que hay que unir esfuerzos contra esta lacra social que pone en riesgo grave a los trabajadores y que también genera importantes perjuicios al sector productivo».
