Si no hay más dinero no puede reducirse la ratio en la aulas de colegios e institutos ni revertir los recortes en Educación que permitirían que los docentes dieran menos horas de clase.

Así de claro lo dejó ayer la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, quien compareció ante la comisión especial de Educación de la Asamblea Regional para hablar del pacto educativo. Destacó que «las arcas regionales no pueden asumir, debido a la infrafinanciación autonómica», la reversión de los recortes en educación recorgidos en el Real Decreto 14/2012.

El Ministerio de Educación ha anunciado su intención de suprimir la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula; el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en Infantil y Primaria, y de 20, en Secundaria), y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

Para la consejera, rebajar a 18 horas lectivas en Secundaria y a 23 horas en Primaria por docente costaría 100 millones de euros, que sería «inasumible» si se le suma un descenso de la ratio. «Unas comunidades autónomas podrán afrontarlo con esa varita mágica y otras no, lo que generará distintas velocidades en un sistema tan vital», lamentó.

Martínez-Cachá calificó como una «monumental estafa» que el Ministerio «invite a pagar» a las comunidades autónomas estas medidas «a sabiendas de que algunas, como Murcia, no pueden hacerlo por un sistema de financiación que nos ahoga y nos asfixia».

Igualmente, la consejera de Educación, Juventud y Deportes aseguró que el presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado su «respaldo absoluto» al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, sobre su apuesta por devolver al Estado las competencias educativas, pero las ha circunscrito a la evaluación e inspección, de manera que se acabe con las «desigualdades» y se evite el «adoctrinamiento que está claro que en este país se ha dado».

La consejera apeló a los partidos a recuperar la negociación sobre el pacto educativo en el Congreso de los Diputados, criticando al PSOE por haberse levantado de la mesa en marzo de 2018 . Y admitió que las reuniones sobre el pacto a nivel regional se paralizaron porque se quería dar prioridad al acuerdo estatal.

La oposición

La diputada socialista Choni Ludeña defendió la política educativa del actual Gobierno, que va a «garantizar la equidad», y se mostró sorprendida de que la consejera, «conociendo la situación de nuestra comunidad, se oponga». En cuanto a la imposibilidad de asumir los costes de la propuesta del Ministerio, la diputada se preguntó por qué «si se bajan los impuestos a las rentas más altas, no se revierten los recortes en Educación».

Miguel García, de Podemos, lamentó el «teatrillo» de la consejera apelando al acuerdo, cuando ha sido una «nefasta gestora» de la política educativa en la Región.

Desde la bancada de Ciudadanos, Juan José Molina aseguró que la falta de un pacto educativo nacional se debe al «fracaso absoluto» de PP y PSOE para haberlo cerrado, mientras que el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco consideró «una excusa» que el PSOE abandonara la negociación en el Congreso por no comprometerse el 5% del PIB para educación en 2025.

Y añadió que en la Región se han anunciado oposiciones para más de un millar de docentes nuevos, se ha hecho un plan de infraestructuras y se han disminuido las ratios. «Somos la segunda Comunidad que más invierte en Educación», dijo.

Para el sindicato Comisiones Obreras Martínez-Cachá «se manifiesta incapaz de abordar estos retos excusándose en una supuesta infrafinanciación»de la Comunidad Autónoma.

Recordó que desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018 ha gobernado el Partido Popular y se preguntó «¿Qué ha hecho en ese tiempo el gobierno regional para conseguir una mayor financiación?».