31 de octubre de 2018
31.10.2018
La Opinión de Murcia
Justicia

El fiscal jefe pide más dureza contra los maltratadores y los conductores drogados

Díaz Manzanera reclama a los partidos políticos que endurezcan las leyes de violencia de género para que la continuidad de los procesos judiciales no dependa solo del testimonio de la víctima

30.10.2018 | 21:03
José Luis Díaz Manzanera, ayer, junto a la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver.

Advierte de que muchos delitos al volante por consumir estupefacientes no llegan a la vía penal.

El fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, reclamó ayer a los políticos más dureza contra los ciudadanos que conducen bajo los efectos de sustancias estupefacientes y los maltratadores. Lo hizo en una reunión que mantuvo en la Asamblea Regional con diputados de las cuatro formaciones que tienen representación en la Cámara autonómica: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

En este encuentro, Díaz Manzanera también presentó la 'Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del ejercicio 2017'. En ella se desprende que se iniciaron 2.623 diligencias previas por asuntos relacionados con violencia doméstica y de género, en las que hubo lesiones y maltrato familiar. Esta cifra supone un 6,6% menos que las registradas en 2016. Por el contrario, en 2017 crecieron un 82,2% las diligencias previas relacionadas con el maltrato habitual en este ámbito, al registrarse 554 asuntos. Respecto a los casos por conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, en 2017 cayó un 24,1% el volumen de diligencias previas, con respecto al año anterior, produciéndose un total de 410.

Sobre los delitos de circulación vial, el fiscal jefe informó de que ha mandado instrucciones a las fuerzas policiales para lograr acabar con «el alto nivel de impunidad» de estos infractores. Así, comentó que esta 'suerte' o impunidad ha sido fruto de diversos aspectos de índole jurídico procesal, que impedían llevar estos procedimientos a la vía penal, lo que hacía que los infractores se enfrentasen solo a meras sanciones administrativas. Con las nuevas directrices, los agentes remiten al fiscal regional de Seguridad Vial los asuntos que tratan casos de conductores bajo los efectos de las drogas o el alcohol y hay un accidente, o se producen infracciones graves o muy graves del código de circulación por el consumo de estas sustancias. De este modo, añadió Díaz Manzanera, el fiscal estudia la situación, y, en su caso, plantea la posibilidad de delegar el hecho ante la Justicia para que ésta se pronuncie.

Respecto a los casos de violencia de género o contra las personas desvalidas, Díaz Manzanera reclamó a los políticos que se endurezcan las leyes. A su juicio, «el problema que estamos teniendo es que en estos asuntos se depende de las declaraciones de las víctimas, por lo que suele ser la única prueba que tenemos». Esto, aseveró, provoca que el índice de absoluciones en la Región en casos de maltrato supere el 25%. Además, destacó que, de ese porcentaje, más de la mitad se deben a que el fiscal pide la absolución, mientras que el resto, se producen porque la víctima retira la denuncia. Asimismo, concluyó que, en buena parte de las ocasiones, los jueces no toman medidas cautelares de protección porque las víctimas se niegan.

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