La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha decidido que ya es hora de saber con exactitud si hay regadíos ilegales en la cuenca y dónde están ubicados. Por ello ha reforzado los planes de inspección y control de estos cultivos en el perímetro de la demarcación del Segura. Esta acción, explica el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, es respuesta a la «reclamación que recibimos de más claridad en la situación de los regadíos».
Los 30 guardas fluviales y los 15 agentes medioambientales van a 'peinar' la demarcación hidrográfica en base a la fotografía realizada desde los satélites y que a priori se encuentran en situación irregular. «Lo que consta en el registro, pese a que se actualiza cada año, está desfasado y desajustado en algunas zonas», apunta el presidente en un encuentro con los medios de comunicación tras la reunión de la Junta de Gobierno de la CHS, celebrada ayer.
La Comisaría de Aguas abrió el año pasado 297 expedientes por derivaciones de aguas y riegos no autorizados «y tal vez muchos de ellos terminen inscribiéndose en el registro» de regadíos legales, apuntó el presidente.
Urrea explicó que muchas de las fincas recibieron permiso para utilizar recursos complementarios, como los procedentes de aguas subterráneas y de la desalación y que aún no se ha tramitado ninguna concesión (por ejemplo, en la zona de Lorca).
El presidente de la CHS indicó que los guardas y los agentes se dedicarán en exclusiva a esta tarea y que tienen previsto contratar a más personal para asistencia técnica, es decir, para trasladar a los expedientes los datos que aporten los vigilantes.
De hecho, esta semana ya se ha producido una reunión entre los agentes, los guardas y la Comisaría para coordinar el trabajo y continuar el trabajo sobre el terreno.
Sin fondos por el 'tasazo'
Los miembros de la Junta de Gobierno también fueron informados de la ejecución del presupuesto, y, en el apartado de inversiones (gastos) indicó que a 30 de septiembre, sólo se había ejecutado el 10% de los previsto.
Urrea comentó que esta baja cifra se explica, «en parte», porque desde junio de 2017 hasta agosto de 2018 la Confederación ha dejado de ingresar 16 millones de euros (un millón por mes) de la parte fija de la tarifa que los regantes del Trasvase abonan.
Los regantes tienen recurrida la nueva tarifa porque no están de acuerdo con tener que pagar esa parte fija, reciban o no reciban agua, lo que se conoce como 'tasazo'.
«Y sin ingresos, no podemos hacer gastos», apuntó el presidente de la CHS. Sin embargo, añadió que el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, indicó a la Junta que «no tenían intención de prolongar esta situación». Los regantes están a la espera de un informe de sus abogados para saber si perjudicaría en algo su recurso en el caso de que abonen la tarifa.
Mario Urrea también informó de las obras que tiene previsto acometer este organismo a corto y medio plazo (como la interconexión entre la desaladoras, y los colectores de aguas pluviales de Murcia y Molina; y las actuaciones en las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, para la lucha contra las avenidas en Lorca).
El estado de las aguas subterráneas fue otro de los asuntos que se abordaron y el presidente indicó que las masas están en buen estado químico en el 92% de los casos, aunque su estado ecológico es peor: una de cada tres no cumplen los requisitos de la Directiva del Agua de la Unión Europea.
La sobreexplotación de acuíferos en la cuenca es del 63% (40 de 63) y «tenemos 9 años para cumplir con la normativa europea y evitar este deterioro». Urrea reconoció que será difícil recuperarlas pero sí equilibrarlas.
Por último, la Junta de Gobierno aprobó, por unanimidad, reducir hasta el 10% el corte de agua en los regadíos tradicionales de la cuenca (los anteriores a 1933) y al 15% en los posteriores. En seis meses se revisará esta decisión.
