Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo -que deberá fijar doctrina sobre quién paga el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas- se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina establecida en la sentencia de una sección de esta Sala, que acordó el pasado jueves que sean los bancos los que asuman el tributo.
Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, Lesmes ha emitido una nota en la que afirma que todos ellos «han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso».
En el comunicado Carlos Lesmes asegura que la sentencia en suspenso «es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados».
Fuentes del Supremo explicaron que un dato a tener en cuenta para entender lo que ha ocurrido es que el auto de admisión del recurso instado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) que dio origen a la polémica fue firmado por el propio Díez-Picazo el pasado 15 de enero, por lo que no cabe decir que no conocía que este asunto de especial trascendencia estaba siendo estudiado por la Sala que preside y que está convocada para el día 5.
Sea cual sea el pronunciamiento del Supremo, lo más probable es que la causa acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
