30 de octubre de 2018
30.10.2018
La Opinión de Murcia
Economía

Erradicar la corrupción aportaría 300 millones al año al PIB regional

Un estudio dirigido por dos profesores de la UMU concluye que la mayor calidad de las instituciones añadiría un punto al crecimiento económico

29.10.2018 | 22:26

España ha bajado su nota del 7,8 al 6,8 en quince años.

Los profesores de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá y Fernando Jiménez han dirigido el estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con el BBVA Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, cuya principal conclusión es que si se erradicara la corrupción, podría incrementarse el PIB per cápita un 16% en quince años. Esto significaría elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años. En la Región cada punto del PIB equivale a 300 millones de euros, que se aportarían a la economía murciana cada año si mejorara la calidad de las instituciones. España ganaría más de 10.000 millones anuales.

El estudio atribuye a España una nota de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada. No obstante, España se sitúa por delante de otras economías mediterráneas como la italiana y la griega, cuya calidad institucional apenas alcanza el 5,8.

El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, en los que se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo). Del análisis de los indicadores Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial, se deriva también que la trayectoria española ha sido ligeramente decreciente en calidad institucional, ya que todos los indicadores se sitúan en 2017 a un nivel inferior al de 2003. El indicador global ha bajado del 7,8 a un 6,8.

Una de las deficiencias planteadas es la politización de la Administración, en la que «predominan los intereses electoralistas de los partidos que están por encima de la lógica profesional de lo que debe ser una buena gestión pública».

Según explicó Alcalá, el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo.

A su vez, la mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación y la mayor competencia incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas.

Por su parte, Fernando Jiménez expuso en la presentación del informe algunas de las recomendaciones que plantean para incrementar la calidad institucional en España, clasificándolas en tres grandes líneas de actuación. Entre sus propuestas aparece en primer lugar garantizar la independencia y medios de la Justicia, fortaleciendo la independencia de órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional; modernizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer más ágiles las instrucciones judiciales, reducir el número de aforados y aumentar la protección de los denunciantes.

El estudio concluye que «un buen número de causas judiciales en casos de corrupción ha evidenciado serios problemas de efectividad en el funcionamiento de los tribunales», además de dilaciones superiores a las de las demás causas.

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