El ladrillo vuelve a brotar a orillas del Mar Menor con la recuperación económica. Desde Los Alcázares hasta La Manga se están reactivando proyectos de construcción que han permanecido dormidos durante años a la espera de que volvieran los turistas dispuestos a comprar casas. La plataforma en defensa del Mar Menor, que ha liderado las movilizaciones para salvar la laguna desde que sus aguas empezaron a mostrar las consecuencias de la sobreexplotación provocada por la especulación urbanística y los vertidos procedentes de la agricultura, alerta de que un ecosistema tan delicado no puede soportar un aumento de la presión demográfica.

El verano de 2018 ha sido el primero que ha permitido contemplar signos de recuperación de las aguas del Mar Menor, después de la complicada situación que ha atravesado este ecosistema desde que sus aguas se enturbiaron y llevaron a la Fiscalía a abrir unas diligencias que han acabado en una nueva investigación judicial.

Durante muchos años las inversiones proyectadas en torno a la laguna han permanecido aparcadas, algunas de ellas a causa de las marañas legales en las que quedaron sumidas cuando sus promotores acabaron ante la Justicia. Este es el caso de urbanizaciones como Nueva Ribera y Novo Carthago.

La primera de ellas se encuentra situada en el término municipal de Los Alcázares, justo en el límite con San Javier. Nueva Ribera había sido una iniciativa de Juan Antonio Roca, el empresario cartagenero implicado en la trama Malaya, que tenía múltiples posesiones en el municipio antes de ir a la cárcel. Con el paso del tiempo la titularidad de la urbanización ha ido cambiando de manos y en este momento los nuevos propietarios han decidido retomar la construcción de viviendas. El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, recordaba que los promotores solo habían edificado una parte de las viviendas que tenían autorizadas, por lo que afirma que no existe ningún impedimento para que acaben de ejecutar el proyecto. Según sus cálculos, se hicieron 170 casas, «pero queda el resto».

Sin embargo, Pacto por el Mar Menor sostiene que la urbanización invade «un espacio de la playa de La Hita que está protegido».

Novo Carthago, la urbanización promovida por la desaparecida Caja del Mediterráneo y la empresa Hansa Urbana, invadió terrenos protegidos junto a Lo Poyo y dio lugar a una investigación judicial en la que están imputados varios exconsejeros y ex altos cargos del Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel. Quince años después de que se presentara en público el proyecto que iba a ser financiado por la CAM, la promotora ha decidido reclamar 140 millones al Ayuntamiento de Cartagena si no desbloquea la construcción de miles de viviendas, hoteles y campos de golf, provocando con ello una crisis municipal.

La plataforma del Mar Menor también considera incomprensible que se haya autorizado la construcción de un edificio de 10 pisos en Playa Paraíso, junto a La Manga del Mar Menor, según afirma su portavoz, Isabel Rubio, dado que la edificación está situada junto a las salinas de Marchamalo, otra zona protegida que se caracteriza por la presencia de flamencos. Rubio explicaba que la nueva construcción «lleva el nombre de Los Flamencos, porque desde sus ventanas se podrán ver las aves de las salinas».

Alertó también sobre la contrucción del hotel La Perla de Los Urrutias, que considera destinado a revalorizar los precios de las parcelas de la urbanización «que se paró hace años». A su juicio carece de sentido seguir construyendo viviendas cuando «la mitad de las casas de La Manga está en venta y los edificios se ven empapelados con carteles. El problema es que los compradores después quieren tener un paseo marítimo, que provoca la pérdida de la arena, que luego hay que rellenar, y más tarde quieren un puerto. Y así tenemos 10 en el Mar Menor, más que en el Mediterráneo».