28 de octubre de 2018
28.10.2018
La Opinión de Murcia
Derechos Humanos

"Las sociedades no se resignan: por eso cada vez son más reprimidas"

"Queremos revisar la acogida de refugiados en Murcia y ver si se pueden ampliar las plazas", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España

28.10.2018 | 04:00
Esteban Beltrán, en Madrid.

El próximo martes se reunirá con el Gobierno autonómico para examinar la situación de los derechos humanos en la Región

El director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, visitará Murcia el próximo martes. Se reunirá con el Gobierno regional para poner encima de la mesa las principales preocupaciones en materia de derechos humanos: refugiados, inmigración, violencia de género, vivienda... La lista no es corta.

La Región está viviendo esta semana otra llegada masiva de inmigrantes.
No creo que la Región esté recibiendo una oleada de pateras en comparación con el resto del país. La cifra es mucho mayor en Cádiz, Almería, Málaga o Melilla. España tiene el número de llegadas por mar más alto de toda Europa. Con el Gobierno murciano vamos a revisar la atención a los refugiados. A 20 de junio de 2018, Murcia tenía 613 refugiados; no es una cantidad grande. Es importante ver si se pueden ampliar las plazas y ver la acogida que están teniendo.

¿Estamos reaccionando bien?
La respuesta de Europa es mala. La UE no está tratando como merece a los refugiados. En el último año han muerto 1.800 personas en el mar. Italia no quiere que desembarquen en sus puertos, Malta tampoco. El salvalmento, una urgencia mínima, ni siquiera está siendo respetado. Además, los gobiernos no se ponen de acuerdo sobre cómo distribuirse la llegada de refugiados para hacerlo de manera solidaria. Y otro punto son las condiciones de asilo. En España hay una Ley de Asilo de 2009 que ni siquiera tiene un reglamento. Amnistía ha documentado que estas personas pueden tardar un año en la indigencia hasta que se considera su estatus de refugiado.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos se conocen a diario. ¿Estamos inmunizados y hay menos conciencia sobre estas situaciones?
Creo que no. El ejemplo más claro es la indignación que provoca Arabia Saudí en Yemen y el caso del periodista Khashoggi. Ha provocado una reacción en cadena de miles de personas. 40.000 personas han firmado en Amnistía una acción para abrir una investigación en Arabia Saudí. Una parte de la sociedad no se resigna a que esto ocurra y que se acepte como normal enviar armas a un país que bombardea hospitales, transportes escolares... La sociedad civil es el contrapeso a los gobiernos, que cada vez defienden con peor convicción los derechos humanos. Por eso las sociedades civiles son cada vez más reprimidas.

El Congreso ha rechazado el veto a la venta de armas a Arabia Saudí. En Cartagena, una empresa construye corbetas que serán exportadas a Riad. ¿Cómo se puede resolver el dilema moral cuando hay puestos de trabajo en juego?
Entiendo a todas las personas que puedan ver peligrar su puesto de trabajo. Tienen que ocuparse de sus familias y sobrevivir. Sobre ellos nunca ponemos ninguna responsabilidad. La cuestión fundamental es que no podemos ver razonable que se fabrique un tipo de arma que sirva para reprimir en cualquier parte del mundo. A principios del siglo XXI, en el País Vasco había fábricas de instrumentos de tortura y el argumento era el empleo. Hoy día están prohibidos en la UE y se ha buscado un acomodo para esas personas en los parques industriales. Hay que encontrar soluciones alternativas. Se pueden construir buques de guerra, ese no es el problema; pero no para que se utilicen para matar a la población civil.

Otro drama de la Región: los desahucios no paran de crecer.
En la Región, la tendencia es preocupante. Hay más desahucios que en el año pasado. El derecho a la vivienda, tanto en España como en Murcia, sigue estando en crisis: es un gravísimo problema de violación de derechos humanos. Las viviendas de alquiler social del Estado representan el 1% del parque de viviendas de España. La Constitución no lo recoge como un derecho fundamental, sino como un principio rector. Ahora la Región tiene la oportunidad de ver cómo puede desarrollar la Ley de Vivienda, que permita asegurar el derecho a una vivienda.

Con la violencia de género hay una unanimidad en la lucha contra ella; sin embargo, es una lacra que no cesa... ¿Qué falla?
Hay dos perspectivas. Primero, la violencia de género de parejas y exparejas. El problema en los últimos 5 años es que se ha perdido prioridad presupuestaria y política. El Pacto de Estado que se aprobó hace un año apenas ha recibido financiación. No hay políticas públicas decididas. En la práctica, el consenso no es tan claro. Y hay otro tipo de violencia, que es la violencia sexual, y que se da fuera de la pareja o expareja. Es muy importante: el abuso, la violación, el acoso... quedan invisibilizados. No hay estadísticas sobre ese tipo de violencia sexual, sus víctimas son invisibles. Queda mucho por hacer. No nos resignamos a pesar de que la retórica política no va ligada a la acción contra la violencia de género.

¿Cuál es el estado de salud de los derechos humanos en la Región de Murcia?
Murcia no escapa a las preocupaciones generales de España: la violencia de género, el derecho a la vivienda, la libertad de expresión, las multas a través de la ´Ley Mordaza´... De hecho, sobre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, Amnistía ha abierto una investigación profunda sobre las multas a las personas que protestaban por el soterramiento del AVE en Murcia.

¿Y qué han concluido en esa investigación?
Amnistía documentó el caso entero y se dirigió al Gobierno murciano para se dejara de multar a esas personas que pacíficamente se manifestaban. Durante diez meses esas movilizaciones se saldaron con 40 personas sancionadas con la ´Ley Mordaza´. La cuantía total de las sanciones impuestas en Murcia es superior a 50.000 euros. Lo que ocurrió en Murcia ha tenido repercusión internacional. Y es un tema muy serio, porque la inmensa mayoría de las actividades de las manifestaciones se hacen de forma pacífica. Esas sanciones violan su derecho a la manifestación. En 2017, todas las multas por desobediencias y faltas de respeto a la autoridad, entre otras, superan las mil personas sancionadas en la Región».

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