No ha tenido la culpa de nada. El exconsejero de Agua y Agricultura, Antonio Cerdá, negó ayer cualquier responsabilidad en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que investiga a los presuntos responsables de la contaminación del Mar Menor.
Cerdá estaba llamado a declarar ayer por la mañana como imputado en la causa que instruye el juez Ángel Garrote, y durante la cual sólo contestó a las preguntas del magistrado, del fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, y de su abogado, negándose a responder a la acusación particular que representa a Ecologistas en Acción.
El exconsejero está imputado en esta causa por una doble vertiente, la agrícola y la medioambiental. En el segundo caso, al ser preguntado por qué durante casi 15 años no se llevó al Consejo de Gobierno el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, que fue iniciado en 2003 y tenía de plazo de dos años para su aprobación, indicó que él siempre había impulsado este ordenamiento, y que ni lo había bloqueado ni retrasado. Añadió que luego le quitaron las competencias en materia de Medio Ambiente y que no puede decir por qué sus sustitutos no siguieron con la tramitación del Plan. Fue muy cuidadoso a la hora de inculpar a nadie.
En la parte correspondiente a la agricultura, Cerdá apuntó que su departamento realizaba todos los controles necesarios sobre los nitratos que marcaba la ley, que su departamento realizaban las inspecciones y tomaban las muestras y mediciones pertinentes en las fincas. Y que, salvo en algún caso excepcional, los agricultores del Campo de Cartagena eran responsables y cumplidores de la normativa. Para el consejero, la causa de la degradación el Mar Menor no hay que buscarla en la agricultura.
También insistió en que siempre creyó en el buen estado de salud de la laguna salada y en que él dejó el cargo antes de que se produjera la ?sopa verde? en verano de 2016. Cerdá presentó la dimisión en marzo de 2015, con Alberto Garre de presidente de la Comunidad.
La causa que se instruye en el juzgado número 2 de Murcia incluye como imputados a funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de la Consejería de Agricultura (que se enfrentan también a un presunto delito de prevaricación), a la empresa Insal y a 24 agricultores del Campo de Cartagena.
Los imputados han sido denunciados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, interpuesta por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente del TSJ de Murcia y por Ecologistas en Acción como acusación particular.
