El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a las acusaciones contra la exalcaldesa de Cartagena y senadora del Grupo Mixto Pilar Barreiro en el caso Púnica. La Sala de lo Penal del Alto tribunal había imputado a la senadora los presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.
Barreiro estaba acusada de haber utilizado fondos del Ayuntamiento de Cartagena para contratar servicios destinados a la mejora de su reputación.
Ahora, la La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer ha archivado la causa contra la senadora.
Pilar Barreiro, que fue elegida senadora en las listas del PP por Murcia, se pasó al Grupo Mixto en abril, cuando Ciudadanos se negó a apoyar los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy mientras hubiese imputados en las filas populares, antes de la moción de censura.
La senadora ha escrito una carta a sus compañeros de partido en la que defiende "su lealtad" y dice que dejó el Grupo Popular porque el presidente "no se merecía que algunos indeseables pudieran utilizarme para ensombrecer su brillante gestión".
Muestra su confianza en la Justicia y asegura que "con esta son doce las veces que han intentado destrozarme la vida con mentiras, pero no lo han conseguido", al tiempo que se felicita porque "se restablece el honor de nuestro partido. Ahora que la verdad prevalece, espero estar pronto con vosotros y volver al que siempre fue mi sitio, el PP".
La juez que ha archivado al causa deja la puerta abierta a reabrir las actuaciones en un futuro, si se añadieran nuevos elementos de incriminación y sin que esta decisión trascienda respecto a las demás investigaciones en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
La magistrada Ana Ferrer ha archivado la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por una parte del caso Púnica relacionada con la contratación realizada por el Ayuntamiento de Cartagena, de donde fue alcaldesa, sobre publicidad institucional y de buena reputación política.
En una auto, la magistrada del Tribunal Supremo acuerda el sobreseimiento provisional ante "el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio" que "carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción" por los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación y cohecho.
Es la segunda vez que el Supremo da carpetazo a una causa contra Barreiro tras archivar las actuaciones por su presunta corrupción en la trama urbanística conocida como Novo Carthago, sobre unos terrenos próximos al Mar Menor en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.
El Tribunal Supremo asumió la investigación contra Barreiro por la Púnica en septiembre de 2017 tras elevar exposición razonada el juez Eloy Velasco cuando estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
En aquella comunicación se exponía "la adjudicación de contratos públicos que pagarían auténticos servicios particulares" para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes con dinero público.
Ferrer recuerda que la acusación contra Barreiro se sustentaba en un informe de la UCO de la Guardia Civil elaborado con documentación incautada en registros de la trama Púnica y aportada por el Ayuntamiento de Cartagena, así como con pinchazos telefónicos al empresario Alejandro de Pedro, imputado en la causa.
Sin embargo, según la magistrada del Supremo, si bien este informe permitió "sustentar la razonable sospecha" contra Barreiro, no se han hallado pruebas para que se la siga investigando.
"No ha quedado conformada una apariencia suficientemente sólida respecto a la intervención de la aforada, entonces alcaldesa de Cartagena, en la estrategia defraudatoria por la que se la sometido a investigación", concluye la jueza.
Para Ferrer, está probado que Barreiro se reunió con De Pedro y éste le ofreció un plan de comunicación para mejorar su reputación en Internet, pero no hay "elementos suficientemente solventes para afirmar, con una base indiciaria consistente, que la señora Barreiro se hubiera concertado con otros investigados para conseguir mejorar su imagen pública con cargo al erario público".
Según la tesis del juez Velasco, sus trabajos de reputación en internet se pagaron, entre otras cosas, con dinero de la Concejalía de Turismo dentro de un contrato de publicidad institucional con la empresa Madiva, relacionada con la Púnica, pero la magistrada del Supremo afirma que hay datos que permiten deducir que esta publicidad institucional efectivamente "se llevó a cabo".
Además, Ferrer da credibilidad a la versión que dio Barreiro cuando reconoció que se había reunido con De Pedro en 2014 para gestionar la publicidad institucional y que, en ese encuentro, le ofreció un plan para mejorar su imagen en Internet, pero sin que ese servicio fuera a ser pagado con cargo al dinero público, sino al PP de Cartagena.
