El fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, va a proponer la desimputación de José Luis Manovel García, ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), acusado de un presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por la obra de la tubería que recorría terreno de la Marina del Carmolí desde la rambla del Albujón, realizada en verano de 2016.
La decisión de dejar libre al técnico de la OISMA la tomó ayer el fiscal de acuerdo con la acusación particular (Ecologistas en Acción), tras escuchar a los tres testigos de la Dirección General del Medio Natural, que estaban llamados a declarar. El fiscal concluyó que ese informe favorable a la obra era correcto dentro de sus competencias, y que lo que fue incorrecto fue el uso que se hizo de él.
Manovel fue imputado, junto al exdirector general del Agua, Andrés Martínez Francés, al admitir el juzgado una denuncia de Ecologistas en Acción, impulsada por la Fiscalía. La obra pretendía evitar vertidos de aguas salobres al Mar Menor, al derivar caudales desde la rambla del Albujón a la desalobradora de la Comunidad de Regantes Arco Sur. Manovel realizó el informe en el que se basó la Dirección General del Agua para llevar a cabo la obra, sin esperar al de la Dirección General del Medio Natural sobre la necesidad de evaluación de impacto ambiental.
Sobre este último informe fueron llamados a declarar ayer los dos técnicos que lo realizaron (José Antonio Martínez, como asesor jurídico; y Francisco Miguel Gonzálvez, como Ingeniero Técnico Forestal), y la subdirectora general de Evaluación Ambiental, Inmaculada Ramírez.
Los testigos declararon que el informe de Manovel se había realizado desde el punto de vista del gestor del territorio, sin tener la perspectiva de ellos, «que controlamos más información de contexto» de la zona. Afirmaron que se enteraron por los medios de comunicación de que las obras se habían iniciado «cuando aún estábamos trabajando en nuestro informe». En opinión de los testigos, hubiera sido «procedente que a la vista de nuestro informe la Dirección General del Agua hubiera parado la obra y actuado en consecuencia». Y dijeron que después de emitir su informe «nunca más se nos informó de nada».
Por último, se ratificaron en su escrito y defendieron que «eran los competentes» en pronunciarse sobre la evaluación de impacto ambiental y en «relacionar este proyecto con otros proyectos o actuaciones en la zona por los efectos acumulativos». Entienden que no se podía disociar la tubería y su uso para transportar agua desde el Albujón a la desaladora y el posible incremento salmueras y, por tanto, las afecciones a la Red Natura.
