Un diálogo entre el juez Joaquim Bosch y el periodista Ignacio Escolar sobre los problemas de la Justicia dio como resultado el libro El secuestro de la Justicia (Roca editorial). Bosch asegura que somos una sociedad cada vez más judicializada pero que, paradójicamente, desconoce el funcionamiento interno del sistema judicial.

¿Por qué afirma que está en crisis el sistema judicial?

Porque hay una creciente interferencia del poder político en el sistema judicial. Lo reitera el grupo Greco en cada informe anual sobre la corrupción: nuestro sistema no se ajusta a los estándares europeos en materia de independencia judicial porque el órgano de gobierno que tiene la capacidad de castigar o premiar a jueces está integrado por cuotas entre los partidos políticos. Es muy preocupante y peligroso que el Supremo no tenga una apariencia suficiente de imparcialidad y que pueda parecer que detrás de sus intenciones haya intereses políticos o económicos. Pensemos en lo que está pasando con el impuesto de las hipotecas, con la decisión del presidente de la Sala, que ha sido nominado por un órgano vinculado al poder político como es el Consejo General del Poder Judicial.

Sostiene que estamos a la cola en jueces y a la cabeza en investigados por corrupción.

Países como Albania o Moldavia tienen más jueces por habitante que España y estamos a mucho menos de la mitad que en Alemania. Hemos llegado a una corrupción sistémica porque han fallado los mecanismos de transparencia, que el poder político no ha querido diseñar para que no sea tan fácil corromperse. El poder político no se ha atrevido a hacer reformas estructurales. Y también han fallado los instrumentos de persecución. A pesar de ser un poder judicial muy debilitado, si hay cerca de 2.000 imputados por corrupción es porque hay cientos de jueces con pocos medios que hacen ese esfuerzo. Pero con un sistema judicial mejor dotado, estaríamos mejor. Las tramas corruptas tienen más medios para eludir la acción de la Justicia que los que tenemos los jueces para perseguirles.

¿Esta situación ha derivado en que se produzcan injusticias en casos de violencia machista?

En el libro hacemos una distinción de lo que significa Justicia: por un lado, sistema de tribunales, pero Justicia también significa un valor o una aspiración. Toda persona tiene una noción de lo que es justo. Y conectamos ambos significados porque si hay una interferencia en el sistema de tribunales es porque ha habido una quiebra de los valores. Con la violencia machista, hay insuficiencias importantes para que las víctimas tengan una protección adecuada, como la falta de medios y la falta de una mayor formación en perspectiva de género por parte del poder judicial para que sepa actuar correctamente.

¿Los jueces justos son mayoría?

Remarcamos en el libro que la mayoría de los jueces de este país actúan correctamente. El problema está en instancias sensibles de la cúpula, donde hay una interferencia muy elevada de los partidos políticos. No es un problema ideológico, sino de parcialidad en algunos nombramientos de determinados tribunales. Yo he conocido a jueces de todas las sensibilidades ideológicas y nunca he visto que ninguno favorezca a un alcalde corrupto por ser del partido que vota. Esto no ocurre. Los jueces de primeras instancias y de las Audiencias han dado una protección muy importante a los consumidores: cláusulas suelo, cláusulas abusivas, han llevado los privilegios bancarios a la jurisdicción europea... Han dado respuestas a las demandas ciudadanas. El problema está en ámbitos muy concretos en los que se deciden cuestiones de gran relevancia y ahí el poder político ha colonizado importantes instituciones judiciales del país.

¿Cómo puede el ciudadano recuperar la confianza en la Justicia?

La sociedad apenas está informada de lo que ocurre en el sistema de Justicia. Una sociedad que quiera empoderarse debe saber lo que ocurre para reclamar soluciones. Es uno de los objetivos del libro. Los ciudadanos deberían pedir a las fuerzas políticas que acometan las reformas necesarias. Los políticos han tenido poca presión ciudadana, probablemente por desconocimiento. También hay que hacer autocrítica, porque los jueces no hemos sabido transmitir a la ciudadanía la necesidad de que ocurran cambios estructurarles profundos.

Una tuitera murciana fue condenada por hacer chistes sobre Carrero Blanco, aunque después fue absuelta. ¿Qué opina?

Hay un retroceso en materia de libertades. En los años ochenta Tip y Coll podían contar chistes de Carrero Blanco en la primera cadena y hoy esos chistes te llevan a la cárcel. Es preocupante que entren en la prisión tuiteros, titiriteros, raperos, humoristas... Condenan a personas del mundo artístico sin justificación suficiente por conductas que en la democracia no habían tenido ninguna relevancia penal.

¿Qué le diría al ciudadano que pide endurecer las penas?

Es un error pensar que endureciendo las penas se disminuyan los delitos. Los datos objetivos certifican que vivimos en uno de los países más seguros del mundo. Lo que ocurre es que determinados medios, especialmente televisivos, de tipo sensacionalista, repiten los mismos asesinatos y generan una alarma social desproporcionada. Incrementar las penas, como se demuestra en EE UU, no generaría menos delincuencia en nuestro país. Hay que profundizar en medidas preventivas y rehabilitadoras.