Las empleadas públicas de la Administración regional que hayan sido víctimas de violencia de género podrán solicitar a partir de este momento su traslado a otra comunidad autónoma, con la garantía de mantener un puesto de trabajo igual o similar y sin perder la antigüedad ni el nivel salarial.
Éste es el acuerdo que firmó ayer el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, con representantes de las demás comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El objetivo es favorecer la movilidad laboral de las víctimas de violencia, que se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo por ese motivo, con la seguridad laboral que necesitan, como contempla el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
El consejero de Hacienda señaló al respecto que «facilitar el traslado a un nuevo puesto de trabajo y dar una cobertura especial a las empleadas que hayan sufrido este tipo de agresiones es parte del sistema de protección a las víctimas de violencia de género de la Administración regional, en nuestra lucha contra esa lacra social».
El traslado de localidad por razón de violencia de género tendrá la consideración de forzoso y contará con las indemnizaciones que correspondan según el Estatuto Básico del Empleado Público. La Comunidad posibilitará que la incorporación de la empleada a su nuevo destino se lleve a cabo en el plazo más breve posible, garantizando su intimidad.
El acuerdo también garantiza la protección de la intimidad de las víctimas, especialmente en lo que concierne a la confidencialidad de sus datos personales en el ejercicio de su trabajo, así como los de sus ascendientes, descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su custodia o guarda. Además, se tramitará con carácter preferente para asegurar que los procedimientos de movilidad laboral se inician a la mayor brevedad posible.
