23 de octubre de 2018
23.10.2018
La Opinión de Murcia
Impuestos

El desconcierto causado por la suspensión del Supremo frena la firma de hipotecas

El decano del Colegio de Notarios admite que cualquier actuación «es provisional» hasta que se sepa quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos

23.10.2018 | 04:00
El desconcierto causado por la suspensión del Supremo frena la firma de hipotecas

Las entidades financieras tratan de aparentar normalidad y dicen que actúan como si no existiera el fallo que obliga a los bancos

La incertidumbre y el desconcierto creado por la decisión de la Sala de lo Contencioso del Supremo de suspender la sentencia que trasladó a los bancos el pago del impuesto de las hipotecas ha frenado la firma de créditos hipotecarios en la Región, aunque las entidades financieras trataban de aparentar normalidad. El decano del Colegio de Notarios, Pedro Martínez Pertusa, reconocía ayer que cualquier actuación a la hora de escriturar un préstamo «es provisional» hasta que se sepa cuál será el pronunciamiento definitivo del Alto Tribunal.

A su juicio, los notarios apenas si se estaban firmando este lunes préstamos hipotecarios, aunque dejó claro que, «si alguno lo está haciendo», tenía que tener presente el fallo en el que se establece que es el banco quien debe pagar el impuesto, al igual que la decisión del Supremo de revisar la sentencia. «No hay ninguna actuación segura y cierta», advertía.

No obstante, Martínez Pertusa precisaba que, al tratarse de un impuesto que puede liquidarse en el plazo de un mes a contar desde la constitución de la hipoteca, existe la posibilidad de hacer constar esta circunstancia en la minuta pactada para esperar a ingresar el impuesto cuando una vez que se sepa quién debe pagarlo. «A partir de ahí el banco y el cliente pueden adoptar su propia solución», apuntaba.

Recordaba que la sentencia no ha llegado al BOE, por lo que sigue vigente la norma anterior. Ante la incertidumbre generada admite que «la prudencia obligaría a no hacer nada en este momento».

El decano reconocía que los notarios se enfrentan a una situación «insólita», ante «el cambio en las reglas del juego», que considera poco aconsejable para «un país que aspira a recibir inversiones extranjeras».

Por el contrario, las entidades bancarias trataban de hacer valer la vigencia de la norma que ha sido anulada por la polémica sentencia de la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso conocida el pasado jueves, que un día después quedaba en suspenso, por decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo.

A partir de ese momento las entidades financieras optaron por bloquear las páginas web a través de las cuales se tramitan las hipotecas online y tampoco facilitaban información al respecto. Bankia informó este lunes a mediodía de que había reabierto la web. Fuentes de la entidad en la que se integró BMN precisaron que la página había dejado de estar operativa «para no desinformar al cliente». Asimismo, puntualizaron que aún no había sido publicada en el BOE la sentencia que ha dado un vuelco a la regulación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por lo que considera que no ha llegado a estar vigente. No obstante admitieron que «si el cliente decide no firmar, no se firma».

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, planteó este lunes en Palma de Mallorca la necesidad de dar seguridad jurídica en un contexto de «claridad de normas. «Estamos comportándonos de acuerdo con las condiciones que teníamos el pasado jueves, no ha habido ningún cambio desde ese punto de vista», señaló el presidente de Bankia.

Fuentes de BBVA señalaron que la firma en la notaría es el final de un proceso de tramitación y aseguraban que ayer se habían seguido firmando escrituras con normalidad. «Si tienes una cita con el notario, vas y firmas», indicaron.

También desde el Sabadell señalaron que se había mantenido la actividad normal, aplicando «la normativa vigente», en la que se estipula que «paga el cliente». Fuentes del Sabadell destacaron que el banco «no puede devolver un dinero que no tiene», dado que el impuesto lo recauda la Administración.

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