22 de octubre de 2018
22.10.2018
La Opinión de Murcia
Construcción

Los promotores dan la espalda a los 'resorts' para volver a la ciudad

Los empresarios consideran acabado el modelo de urbanizaciones con poca altura que proliferó antes de la crisis y apuestan por una trama urbana compacta que se ajuste a la Agenda Urbana de la ONU

21.10.2018 | 18:45
Panorámica de la ciudad de Murcia vista desde el aire.

El sueño de convertir a la Región en la California europea ha terminado. El modelo de crecimiento urbanístico basado en la proliferación de resorts y de grandes urbanizaciones destinadas a los compradores extranjeros ha pasado a la historia. Los promotores de viviendas quieren abrir en la Región el debate sobre el desarrollo urbano basado en la consolidación y dotación de las ciudades que propugnan las Agendas Urbanas de la ONU y de la Unión Europea. Uno de los pilares básicos de esta concepción del urbanismo que descarta la diseminación de los núcleos de población con construcciones de baja altura -lo que los técnicos denominan 'mancha de aceite', en contraposición a las edificaciones en altura- es la rehabilitación de viviendas ya construidas y la recuperación de la trama urbana de las ciudades, dotándola de zonas verdes que las hagan más habitables.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), que preside José Hernández, se aleja así de las ambiciosas aspiraciones que mostraban las empresas murcianas antes de la crisis económica, cuando la Ley del Suelo del año 2001 permitió edificar en cualquier rincón del territorio regional que no estuviera calificado expresamente como espacio protegido. No obstante, muchas empresas no se conformaron y trataron de llevar sus urbanizaciones hasta los espacios naturales, lo que dio lugar a un sinfín de investigaciones judiciales por corrupción urbanística, la mayoría de las cuales sigue todavía pendientes de juicio.

La empresa de Balsicas Polaris World, que construyó varios resorts en Torre Pacheco y Alhama y fue una de las primeras en salir al Reino Unido y al resto de países europeos para vender casas, se convirtió en el ejemplo a seguir incluso en los pequeños municipios del Valle de Ricote, hasta que la crisis dejó varados los proyectos. La mayor parte de los apartamentos construidos pasaron a las entidades financieras y más tarde a la Sareb, el denominado 'banco malo', que una década después de acabar la crisis sigue siendo el primer propietario de la Región.

Ahora, muchos de los terrenos rústicos que habían sido recalificados están plantados de frutales y hortalizas, tal y como ha ocurrido en Alhama con los solares que habían pertenecido a Polaris.

Los promotores que han sobrevivido a la crisis han dado la espalda a la fiebre de los resorts para seguir las recomendaciones y las directrices establecidas por la ONU y por la UE, que apuestan por preservar el territorio de la especulación y cuidar el medio ambiente, al tiempo que se abarata la gestión de los servicios públicos. El objetivo es conseguir unas construcciones eficientes para «compactar» la ciudad y fomentar «la concentración de la población en torno a los principales servicios básicos».

Los promotores han redactado un documento que van a presentar a los alcaldes, colegios profesionales y colectivos vecinales para abrir un debate sobre el urbanismo a desarrollar. «Debemos optar por un modelo de ciudad compacta que esté bien equipada, con buenas infraestructuras, ordenadas, con espacios urbanos seguros, con mezcla de usos y que preconice la convivencia entre sus ciudadanos. Este modelo debe ser capaz de equilibrar la generación y expansión de la nueva ciudad con la conservación y mejora de la existente, sobre todo haciendo especial hincapié en aquellas zonas y barrios que son vulnerables».

La organización empresarial reconoce que el crecimiento de la ciudad tradicional «a partir del año 2000 se combinó con un modelo disperso y diseminado de conjuntos residenciales de baja densidad», a pesar de que «el modelo urbano que ha existido en España y en nuestra Región ha sido primordialmente compacto y denso». Recuerdan que «en el año 2016 se aprobaron las Agendas Urbanas de ONU Hábitat y de la UE, en las declaraciones de Quito y de Ámsterdam, respectivamente», que ahora pretenden trasladar a la Región a través de las revisiones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), que están pendientes en una treintena de ayuntamientos, y de la actualización de las ordenanzas municipales.

La nueva concepción del urbanismo contempla también la necesidad de garantizar la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan al patrimonio y a las condiciones de vida, a los mecanismos de coordinación y de las fórmulas de acceso a las ayudas públicas regionales, nacionales y europeas».

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