Aeromur tendrá que pagar a la Comunidad los 19,5 millones en intereses de demora generados por el préstamo de casi 200 millones del aeropuerto de Corvera asumido por la Administración regional en diciembre de 2013, cuando la anterior concesionaria se desentendió del crédito avalado por el Gobierno regional.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado el recurso que la anterior concesionaria del aeropuerto de Corvera -la sociedad liderada por Sacyr a la que se le había rescindido el contrato en septiembre de 2013- presentó contra la reclamación de 19,5 millones de euros que, en concepto de intereses de demora, le liquidó la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma en mayo de 2017.
Tras la negativa de Aeromur a abrir Corvera si la Comunidad no le daba más dinero para cubrir las pérdidas que preveía en los primeros años de explotación, teniendo en cuenta que debía competir con San Javier, el Gobierno volvió a sacar el aeropuerto a concurso y adjudicó la nueva concesión a la sociedad estatal Aena, que ahora está dando los pasos para abrir Corvera el próximo mes de enero.
La sentencia del TSJ señala que la Administración regional se vio obligada a exigir el pago de los intereses tras haberse ejecutado el aval que había prestado a la sociedad, por importe de 200 millones de euros, para la realización de las obras del aeropuerto.
Dice la Sala que ese aval fue otorgado en junio de 2010 por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, "siendo causa de ejecución a favor de las entidades financieras la falta de devolución del préstamos concedido tanto a la fecha de vencimiento como a la de su vencimiento anticipado, independientemente del motivo que originara el vencimiento anticipado o la devolución de la deuda".
Y añade que en agosto de 2012 el consejero del ramo requirió a la concesionaria para que en el plazo de diez días aportara garantías adicionales suficientes a favor de la Comunidad Autónoma por importe de 197,2 millones de euros, cantidad del préstamo que había sido dispuesta a esa fecha.
En septiembre de 2013, las entidades financieras comunicaron la concesionaria la resolución y vencimiento anticipado del contrato de préstamo, por lo que fue requerida para el pago de las cantidades debidas.
Como ese requerimiento no fue atendido, se procedió a la ejecución del aval prestado por la Comunidad Autónoma, ascendiendo la liquidación definitiva a la cantidad de 182,6 millones de euros, "para cuyo abono el ejecutivo regional tuvo que suscribir un contrato de préstamos con entidades bancarias, encontrándose en la actualidad la Administración demandada abonando dicho préstamo mediante los correspondientes plazos".
La Sala ha desestimado el recurso presentado por la concesionaria al declarar que la liquidación de los 19,5 millones de euros por intereses de demora estuvo ajustada a Derecho
