Era necesario realizar una evaluación de impacto ambiental y así lo hicieron constar en un informe técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma, incluso si se declaraba obra de emergencia. Pero no se hizo.

Ocurrió a mediados de agosto y se iba a construir la tubería para desviar las aguas con nitratos desde la rambla del Albujón al Mediterráneo, a través de una conducción que cruzaba la Marina del Carmolí y varios espacios protegidos; un agua que antes iba a ser tratada y utilizada por la Comunidad de Regantes Arco Sur. La Dirección General del Agua empezó la obra sin las evaluaciones ambientales que técnicos de la subdirección general de Evaluación Ambiental advirtieron de que eran necesarios.

En el informe realizado por este departamento de la Comunidad Autónoma a finales de agosto, se advertía de que la conducción planteada iba a integrarse en la infraestructura de reutilización de caudales de riego ya existente, pero que podría suponer la modificación de la infraestructura de desalobración de esta comunidad de regantes.

Además, apuntaban que «con carácter previo a la ejecución del proyecto», la derivación de estos caudales deberían cumplir con la legislación en materia de vertido al mar desde tierra de la desaladora de los regantes, «debiendo comunicar la modificación» de la cantidad a verter al Mediterráneo, que es «sustancial», a la autoridad competente. Una modificación que también podría ser objeto de declaración de impacto ambiental. Y añaden que «el aumento de caudales a tratar en la desaladora por sí solo, pudiera ser objeto de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental».

Red Natura 2000

Por lo que se refiere a la afección a la Red Natura 2000 (varios LIC, ZEPA y ZEC) de esta obra, los técnicos de la Consejería consideran que necesitaría una evaluación de impacto ambiental simplificada, debiendo ser consultados los organismos competentes (la OISMA de la Comunidad Autónoma y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Estos deberían pronunciarse sobre si el proyecto «puede o no afectar de forma apreciable» a la zona protegida.

También consideraban que debía pronunciarse la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio, por ser una obra contemplada en el Plan de Vertido Cero al Mar Menor de esa administración estatal.

Por último, los técnicos indicaban que aunque se calificaran las obras como de emergencia (lo que se hizo) podrían no hacerse las evaluaciones de impacto ambiental pero «no quedarían exentas de evaluación de repercusiones, por afectar» a la Red Natura.

El miércoles, en el juzgado

Nada de esto se hizo y Ecologistas en Acción lo denunció. La Fiscalía hizo suya esta denuncia, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº2 de Murcia, que lo investiga actualmente.

Dos personas, el ex director general del Agua Andrés Martínez Francés y el ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), José Luis Manovel García, han sido imputadas como posibles responsables de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ambos ya han declarado.

El miércoles, 24 de octubre, lo harán como testigos las tres personas que firman ese informe: la subdirectora general de Evaluación Ambiental, Inmaculada Ramírez; el asesor jurídico Juan Antonio Martínez; y el ingeniero técnico forestal Francisco Miguel Gonzálvez.