La Guardia Civil, en el marco de la operación TARANTELO coordinada por Europol, ha desmantelado una red que comercializaba en España atunes que habían sido pescados de forma ilegal en otros países y que, además, en ocasiones contaban con irregularidades sanitarias.
Esta operación conllevó el registro de la empresa cartagenera Ricardo Fuentes e Hijos, situada en el polígono de La Palma de Cartagena el pasado junio. Según testigos presenciales, los efectivos de la Benemérita recogieron durante el registro cajas de producto tanto de las instalaciones como de los vehículos de la empresa para su análisis.
La empresa cartagenera ha expresado a través de un comunicado que esta es "una investigación inicialmente centrada en unas empresas situadas en Valencia, con las que no tenemos vinculación ni comercial ni societaria de ningún tipo" y añaden que "siempre hemos trabajado conforme a la legislación regional, nacional e internacional, declarando toda nuestra actividad que se realiza siempre siguiendo todas las indicaciones que establece la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)".
"Todos los productos que comercializa el Grupo Fuentes disponen de un documento electrónico (llamado eDCA o, por sus siglas en inglés, eBCD) que refleja la trazabilidad de todo el proceso, desde la captura, el transporte, la ubicación en la granja, el sacrificio y por fin la comercialización por lo que cumple todas las garantías sanitarias".
Además, en cuanto a la investigación aclaran que "nuestro ánimo es colaborar al máximo con la Justicia y el Seprona, razón por la que la empresa aclarará cuanto sea preciso y dará las explicaciones oportunas ante el Juzgado de Instrucción".
En cuanto a la operación, la Guardia Civil indicó que se ha detenido a 79 personas y se han realizado 49 registros e inspecciones en las que se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, cerca de medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y otros objetos de gran valor, 7 vehículos de alta gama, tasados en más de 600.000 euros, además de gran cantidad de documentación que demostraría el “blanqueo” en la comercialización de atunes pescados ilegalmente y sus ganancias ilícitas.
La operación se inició tras obtener varias informaciones sobre posibles irregularidades en la pesca del atún rojo en el Mediterráneo.
A medida que se iba avanzando en la investigación se comprobó que las primeras empresas investigadas se aprovechaban de la parte legal de su actividad empresarial para introducir una gran cantidad de animales pescados ilegalmente.
Así, con facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de atunes, procedentes en muchos casos de granjas debidamente autorizadas, amparaban otros especimenes pescados ilegalmente.
El seguimiento de las conexiones entre empresas y el estudio del movimiento de la mercancía permitió establecer las diferentes actividades en las que eran partícipes, documentando las entregas de dinero negro y recopilando documentación que había sido presentada con idéntico contenido en diferentes puntos de venta.
Ámbito internacional
Aunque la actividad comercializadora de las empresas investigadas se centraba en España, la mayor parte de los ejemplares procedían de otros países, salvo un porcentaje muy bajo de capturas españolas no declaradas.
En concreto, una de las vías tenía origen en Malta desde donde se enviaban algunas piezas de origen legal por vía aérea y de forma paralela, introducían por carretera desde este país el mayor volumen de animales utilizando la documentación legal del primer envío para amparar este comercio ilícito.
Otra vía de entrada se iniciaba en Italia utilizando procedimientos similares salvo que, en este caso, al proceder toda la producción de capturas ilegales, llegaba a España por carretera sin ningún tipo de documentación y control de trazabilidad.
Una vez en España, se unificaban las líneas de distribución hacia empresas menores del sector, diferenciando las piezas legales de las ilegales en función del documento que las amparase, lo que conllevaba precios diferenciados.
El tránsito de la pesca ilegal de Italia y Malta se hacía a través de puertos franceses.
Actividad muy rentable
Los cálculos realizados por los investigadores cifran, como mínimo, en un volumen anual de más de 1.250.000 kilos de atún procedente de Malta (legal), mientras que el que se comercializaba en negro superaría el doble de esa cantidad: más de 2.500.000 kilos.
Teniendo en cuenta que por cada kilo obtenían un beneficio mínimo de 5 euros, los datos señalan que habrían obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 de euros al año.
Seguridad alimentaria
En el transcurso de la investigación se pudo comprobar que el pescado había sufrido diferentes irregularidades higiénico-sanitarias durante su conservación una vez que habían sido pescados:
En ocasiones se sacrificaban los animales en el mar y se mantenían bajo el agua hasta que podían traerlos a tierra sin riesgos. Esto generaba que el proceso normal de pérdida de cualidades se acelerase al permanecer en agua.
Los ejemplares se transportaban sin respetar las normas de conservación rompiéndose la cadena de frío en algunos puntos.
Este menoscabo de las condiciones higiénico-sanitarias podría afectar a la calidad del producto a consumir por los ciudadanos por lo que, al contar con algunas evidencias previas sobre posibles intoxicaciones, se procedió a tomar muestras de todas las partidas intervenidas.
Se pudo comprobar que podrían haberse producido varios casos de intoxicación por consumo de piezas comercializadas por la red causada por la degradación de las proteínas al mantener los atunes en malas condiciones de conservación. Esto puede provocar fiebre y alteraciones gastro-intestinales, como síntomas más leves, que puede tener graves consecuencias en consumidores de edad avanzada y en niños.
La investigación se ha desarrollado bajo instrucción del Juzgado nº 3 de los de Picassent y con la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.
La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Jefatura del SEPRONA de la Guardia Civil que han contado, en el ámbito internacional, con la colaboración de los Carabinieri de Italia y de la Gendarmería Nacional Francesa. Asimismo, durante los registros e inspecciones se trabajó en coordinación con la Inspección de la Secretaria General de Pesca del MAPA.
