09 de octubre de 2018
09.10.2018
La Opinión de Murcia
Social

Los centros de discapacitados intelectuales, con el agua hasta el cuello

Plena Inclusión considera "insuficiente y desigual" la propuesta de mejora de la financiación de los precios que paga la Administración y reclama que la subida esté ligada como mínimo al IPC

08.10.2018 | 22:02
Los centros de discapacitados intelectuales, con el agua hasta el cuello

El coste de la vida crece, el precio de la luz y del agua se encarece y el salario mínimo también está previsto que ascienda. Estos aumentos se resentirán en los centros que prestan un servicio especializado a las personas con discapacidad intelectual. Así lo considera Plena Inclusión, que alerta sobre las problemas «de sostenibilidad» de estos centros y pide ligar al IPC la subida de los precios públicos para cubrir los gastos que se avecinan. «Mantener la calidad del servicio supone afrontar un incremento de costes que Plena Inclusión estima en un 12% en España para 2019», señalan en una nota de prensa.

«Durante muchos años hemos tenido los precios públicos fijos, que permanecieron congelados desde 2010 en la Región», señala el presidente regional de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, quien estima que la subida propuesta por la Consejería de Familia «es insuficiente». «Reconocemos el esfuerzo de la Administración regional, pero la mejora que va a haber con el paso de contrato a concierto social afecta a unos servicios, pero no a otros».

Plena Inclusión representa a 27 entidades de la Región, de las que once cuentan con sus propios centros, cuyas plazas son concertadas con la Comunidad. Se trata de 10 centros de día, 8 residencias y viviendas tuteladas, con un total de 672 trabajadores que atienden a 2.724 personas con discapacidad intelectual, según la memoria anual de Plena Inclusión.

La Comunidad aprobó en febrero el decreto para establecer el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región en los servicios sociales especializados de personas mayores y personas con discapacidad. Está previsto que entre en vigor a partir del 1 de diciembre. Preguntada por este periódico, la directora-gerente del IMAS, Verónica López, respondió que la Comunidad paga puntualmente todos los meses los acuerdos que tiene con las entidades. Mencionó que «una de las principales ventajas del concierto social es que permite la equiparación de la financiación al alza en cada uno de los servicios, para homogeneizar e incrementar los distintos importes de los contratos que existen actualmente», concluyendo que «mejora los servicios e incrementa su financiación».

Pero a juicio del presidente de Plena Inclusión «no es una subida generalizada» sino que «es desigual». Así, en un centro de día, detalla que el precio por usuario de grado I pasará de 31 euros al día a 40; en el grado II y III se quedan en 50 euros y en los de grado III con un 90% de discapacidad pasan de 50 a 55 euros. En residencias, añade Barberá, el precio es de 71,44 euros y no subirá hasta 2020, cuando se incrementará en un euro, y en 2021, otro euro más. Las viviendas tuteladas se llevan el mayor aumento: de 48 a 71 euros.

«¿Es una buena subida? Sí. ¿Es suficiente? No», valoraba Joaquín Barberá, quien elogiaba que una ventaja del concierto social es la financiación por ausencia, que antes no existía. «Si una persona no acude un día determinado al centro, antes esto no estaba financiado. Ahora sí nos van a seguir pagando. Es un acto de justicia».

Sin embargo, «esta subida apenas reduce un 2% los gastos del total del 12% que creemos que hay que afrontar. Si esto no se arregla, serán las familias quienes tengan que aportar más para nuestras organizaciones», lamenta el presidente regional de Plena Inclusión.

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