Varios frentes abiertos son los que soporta la cárcel de Campos del Río, la más grande de la Región. Y a la vista tiene otros cuantos. A nivel nacional, los sindicatos de prisiones han convocado una huelga general para los días 24 y 26 de octubre, además de para el 6, 8, 13 y 15 de noviembre, con el fin de protestar por la falta de respuesta por parte del Gobierno a sus reivindicaciones laborales. Creen que Instituciones Penitenciarias no sólo no les escuchan, sino que no les respetan en absoluto.

La prisión de Campos del Río, emplazada en el Paraje Los Charcos, fue levantada en 2011. La superficie construida es de 106.976,40 metros cuadrados. Los funcionarios que allí trabajan han de lidiar día a día, aseguran, con una violencia verbal que, en demasiadas ocasiones, se convierte en física. Destacan que hace falta más personal para poder controlar la situación, y, tras distintas agresiones, temen que un día pase una desgracia.

Una cárcel prominentemente masculina. La gran mayoría de los internos son varones. De hecho, en los dos módulos destinados a mujeres, los más pequeños, hay apenas 60 inquilinas.

Funcionarios de prisiones consultados por este periódico coinciden en que, por parte de los presos, «las amenazas y presiones psicológicas son diarias».

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), su coordinador autonómico, Fran Mauri, considera que «las agresiones vienen por la falta de personal, y porque no tenemos todavía la consideración de agentes de la autoridad». Calcula que sólo en Campos del Río faltarían unos 60 funcionarios.

Por otro lado, Campos del Río era escenario, el mes pasado, de la aparición de un brote de sarna que hacía saltar las alarmas. Aunque desde la Delegación del Gobierno en Murcia aseguraron que todo estaba controlado, Mauri, afirma que «sigue habiendo gente» afectada. «Se están fumigando celdas y módulos, se están aplicando los protocolos», explica Mauri. El delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, mantenía esta misma semana una reunión con los funcionarios, y se comprometía a dar traslado a Madrid de lo que estaba pasando con la sarna, una enfermedad de la piel causada por un parásito.

Mientras se sanean unas dependencias, otras directamente ni siquiera se abren. «El 40 por ciento de la prisión está cerrado», denuncia Acaip. Ante la pregunta de por qué no se usan esos módulos, Fran Mauri sentencia que «porque no hay personal para abrirlos».

La masificación trae problemas. Así, se da la circunstancia, explican desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, de que en la prisión de Campos del Río caben, como máximo 1.080 internos «y hay 1.100» en estos momentos. Dos en cada celda. «La tónica es que ellos quieren que haya siempre dos, pero la ley dice que dos por celda es una excepción, y lo tienen como norma», señala Mauri sobre Instituciones Penitenciarias. Efectivamente, la ley dice que las celdas puede ser compartidas, con un máximo de dos personas en cada una. Pero en Campos del Río sobra gente y «sólo en junio, hemos tenido cinco agresiones gordas», detalla la organización. Se dan entre los reclusos y también golpean a los trabajadores. «Una agresión a un funcionario sale gratis», tienen claro.

Una sola persona, en concreto un auxiliar, se encarga un día de la semana de repartir todas las pastillas que los reos tienen recetadas. Asimismo, tres médicos y tres enfermeros hacen turnos para repartirse las 24 horas, los siete días de la semana, y no dan abasto. Aunque el problema está en los fármacos. Hay reclusos, cuentan los funcionarios, que, cuando se las dan, se ven con tal cantidad de pastillas en su poder que aprovechan para dárselas a otros que las demandan, a cambio de, por ejemplo, cigarros. Otros llegan a tomarse varios medicamentos de golpe, con intenciones de menoscabar su salud. «Hay que recordar que ya hemos tenido unos cuantos muertos», subrayan desde Acaip. Y otros internos han llegado a agredir a compañeros para quitarles las codiciadas dosis. El problema está enquistado, aseguran.

«Son 28 años sin una huelga así», destaca Fran Mauri, de Acaip. Los sindicatos llevan años denunciando la desigualdad salarial, así como la falta de personal, la inseguridad e impunidad que se vive en el interior de las prisiones sin que se les dé una respuesta concreta por parte de la Secretaría General. Ahora han unido sus fuerzas. En concreto, las fuerzas de sus afiliados.

El citado Acaip, Comisiones Obreras, CIG y UGT Prisiones convocan una huelga general para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Quieren mantener una «reunión urgente» con el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, «para pedirle una salida política al conflicto laboral de prisiones y que cumpla con los compromisos adquiridos con las empleadas y empleados públicos penitenciarios», se lee en su convocatoria de movilización.