06 de octubre de 2018
06.10.2018
Cumbre

Frente sindical y empresarial contra la discriminación de Murcia y Valencia

Representantes de las patronales CROEM y CEV y de UGT y CC OO se conjuran para reclamar una financiación autonómica más equitativa, la ejecución de las obras pendientes y el blindaje del trasvase Tajo-Segura

06.10.2018 | 04:00
Frente sindical y empresarial contra la discriminación de Murcia y Valencia

Empresarios y sindicatos de la Región y de la Comunidad Valenciana se han conjurado en Murcia para blindar el trasvase Tajo-Segura, conseguir las inversiones más urgentes que comparten ambas autonomías, como el tercer carril de la A-7 entre Alhama y Crevillente y el Corredor Mediterráneo, y reclamar una financiación autonómica que no trate a los habitantes de Levante como «españoles de segunda o de tercera». Patronales y organizaciones sindicales defienden también que el Estado asuma la deuda que la infrafinanciación ha generado en ambas comunidades autónomas. En Murcia, de los 9.100 millones que debe la Administración regional, casi 6.500 corresponden a créditos del Estado suscritos a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Plan de Pago a Proveedores, entre otros.

A la cumbre asistieron el máximo representante de la patronal murciana, José María Albarracín; Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, acompañado de Perfecto Palacio, vicepresidente y, a su vez, presidente de CEV en Alicante; Ismael Sáez y Arturo León, secretarios generales de UGT y CC OO de la Comunidad Valenciana, respectivamente; y Antonio Jiménez y Santiago Navarro, secretarios generales de estos mismos sindicatos en la Región.

Los dirigentes reunidos en la cumbre esperan sumar también al frente creado por Murcia y Valencia a Baleares y Andalucía, dado que ambas comunidades comparten los mismos problemas ocasionados por la falta de financiación y el déficit de infraestructuras. Destacaron especialmente el retraso de los proyectos del Corredor Mediterráneo, mientras que la mitad de las inversiones realizadas por Adif este año se han concentrado en la Alta Velocidad de Galicia, tal y como publica ayer La Opinión.

El presidente de la patronal murciana recordó que la Región y la Comunidad Valenciana son las autonomías peor financiadas, lo que se traduce en el caso de Murcia en una pérdida de 165 euros anuales por habitante respecto a la media nacional.

Sobre un promedio nacional de 2.437 euros por habitante, cada murciano recibe 2.270 (el 93,1% de la media), mientras que a los valencianos les llegan 2.226 (casi el 91% de la media).

Albarracín recordó que la Región recibe 1.300 millones menos que Cantabria, la comunidad mejor financiada, y reclama al Estado que «condone la deuda acumulada en ambas regiones y, en su defecto, al menos, la parte porcentual de esa deuda generada por la propia infrafinanciación en todo este tiempo. Casi el 80% de la deuda viene como consecuencia de la infrafinanciación».

El presidente de la CROEM destacó que «los agravios se extienden a las inversiones estatales en infraestructuras en ambas comunidades autónomas», destacando especialmente la urgencia del tercer carril de la A-7 entre Alhama y Crevillente, que soporta un tráfico de «10.000 vehículos pesados y entre 55.000 y 60.000 turismos».

Los representantes de las patronales y de los sindicatos han recordado también que ambas comunidades arrastran una pesada deuda motivada por la escasez de recursos que llegan a través de la financiación autonómica y la reducida valoración de los costes de la sanidad y la educación que se hizo en el momento del traspaso de competencias del Estado a los Gobiernos autonómicos, tal y como apuntaba el secretario general de UGT de Murcia. Antonio Jiménez se lamentó de que «la injusticia redistributiva lastra la posibilidades de generar empleo de calidad».
«No nos consideramos españoles de primera. Nos consideramos españoles de segunda e incluso de tercera», aseguró Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana.

Por su parte, el secretario general de UGT-PV considera necesario aportar 16.000 millones al sistema de financiación autonómica para acabar con las desigualdades en el reparto. Ismael Sáez apuntó que ambas comunidades son «pobres» y parten de «una renta per cápita inferior a la media» , por lo que ven limitadas sus posibilidades.

El máximo representante de CC OO-PV defendió la necesidad de «alcanzar un nuevo sistema de financiación que sea justo» y que permita desarrollar «políticas de estímulo». Arturo León añadió que «no es aceptable» que Murcia y Comunidad Valenciana tengan que prestar «servicios de menor calidad».

Todos han coincidido también en la necesidad de sacar los problemas del agua del debate político para blindar el Trasvase y evitar que con cada cambio de gobierno se cuestionen las reglas de explotación.

El representante de los empresarios de Alicante ha recordado que Murcia y la Comunidad Valenciana aportan 4.000 millones al PIB y suman 85.000 trabajadores en el sector agroalimentario, del que dependen además otras actividades secundarias, como el transporte.
El secretario general de CC OO de Murcia dijo que «los intereses de los ciudadanos no pueden estar pendientes de los intereses de los partidos». Santiago Navarro planteó también la necesidad de dotar a las desaladoras de canales de distribución para que «el agua pueda llegar a las comunidades de regantes en las que se necesita» y mezclarse con la del Trasvase.

El presidente de la CROEM añadió a las reivindicaciones en materia de agua la liberalización de los intercambios entre las comunidades de regantes que están en condiciones de ceder caudales y pueden venderlos, aunque reconoció que el precio que pagan los agricultores destinatarios no es barato.

Albarracín recordó que la cuenca del Segura soporta un déficit superior a los 600 hectómetros cúbicos anuales, que sigue sin resolverse, y abogó por alcanzar un Pacto Nacional del Agua y por «blindar» el trasvase del Tajo.

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