La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos está en contra de la prohibición del uso de los móviles en las aulas. Esta medida, que se aplica en la vecina Francia desde que comenzara el curso escolar el pasado 3 de septiembre, no se ha puesto en marcha en nuestro país donde, de hecho, no se cuenta con una ley estatal al respecto. Aunque es competencia del Ministerio, sí hay comunidades autónomas que han regulado este aspecto en sus decretos de convivencia escolar.

La Región de Murcia es una de ellas. Así, el Real Decreto 16/2016 regula las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios, tipifica las faltas y las posibles medidas correctoras. Sobre el uso de los smartphones, da a los centros escolares autonomía para establecer sus propias normas de uso. Una medida arropada por la Federación regional de padres y madres (FAPA Juan González), que ve con buenos ojos la posibilidad de que los escolares puedan hacer uso del teléfono móvil, en ciertas situaciones y zonas del centro. Así lo explica su presidenta, Paqui López, quien considera «un disparate» prohibir su uso, ya que los smartphones son «útiles, si se sabe cómo usarlos».

Apuesta por la educación para que los niños «aprendan desde el colegio a dar uso a una herramienta muy importante hoy en día». En los centros de educación secundaria, donde sí se suele prohibir su uso, «los estudiantes lo llevan encima». Desde la FAPA apuestan por permitir a los alumnos de estos cursos portarlos ya que «les sirve para estar en contacto con sus familias» y, además, «los profesores pueden aprovechar las nuevas tecnologías de la información para pedir a los alumnos que busquen una información concreta, grabar sonidos o vídeos para trabajos de clase...».

Estos serían ejemplos de algunos de los usos «lícitos» que se podría dar al smartphone en las aulas. Otros casos que no son aprobados por la presidenta de la FAPA, y que recoge el real Decreto, son el plagio de trabajos de otros compañeros o copiar en exámenes, las cuales están tipificadas como faltas graves, o la grabación o difusión de actos que tengan un componente sexual o humillaciones que atenten contra la intimidad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa, que se consideran faltan muy graves. «Lo importante es educar a los niños en el uso responsable», remarca López. Pero, asegura, «no podemos ponerle puertas al campo», sino adaptar la educación a la realidad del siglo XXI.