Los hoteles no sólo asumen todos los costes e impuestos propios de su negocio, también pagan por un servicio intangible: los derechos de autor. Esto significa que un hotel tiene que pagar un canon por colocar una televisión en una habitación, esté o no ocupada, o porque suena música en la recepción.
Desde hace cuatro años esta tarifa está regulada por ley, que obliga a negociar un precio entre empresarios y representantes de las entidades de gestión. Sin embargo, esta situación puede variar en perjuicio de los gestores de los hoteles. Así lo considera el presidente de la Asociación Regional de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Carlos García, quien opina que la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que se está debatiendo en el Parlamento podría dar vía libre a las entidades de gestión de derechos de autor para elevar y fijar de forma unilateral las tarifas que recaudan para sus asociados.
El precio que pagan depende de una serie de baremos, como son la categoría de un hotel y el número de habitaciones. Así, un establecimiento de 'cuatro estrellas' con 100 habitaciones tiene que pagar una media de 1.500 euros por cada una de las entidades de gestión al año. «Esto supone que pagamos al año una media de 7.500 euros por el simple hecho de poner una televisión», señala Juan Carlos García.
«Ahora el lobby de los derechos de autor pretende volver al sistema anterior», lamenta García. Después de muchos años batallando, primero por la eclosión de distintas entidades de gestión al romperse el monopolio único de la SGAE; después, por las tarifas abusivas que algunas de estas entidades querían cobrar a los hoteles -por ejemplo, los 2 euros por habitación ocupada y día que llegó a plantear en su día EGEDA-, el sector hotelero logró que en 2014 una modificación legal obligara a estas asociaciones a pactar con el sector las tarifas. También permitía que, en el caso de que no hubiera consenso, fuera un árbitro neutral -la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo independiente creado por el Ministerio de Cultura- el que las cuantificara.
«El actual es un sistema más equitativo y proporcional, ya que las entidades de propiedad intelectual no tienen una posición de dominio y no fijan a su criterio las cuotas», comenta el presidente de la Asociación Regional de Hoteles, quien considera que, a pesar de todo, «es injusto que haya que pagar por el hecho de tener una televisión, y más ahora que el modelo de consumo ha cambiado y las teles no se usan como antes».
En la actualidad existen ocho entidades distintas que gestionan los derechos de propiedad intelectual, aunque sólo seis afectan directamente al sector hotelero: la SGAE, que representa a los autores de cualquier tipo de creación musical, audiovisual o escrita; AGEDI, que representa a los productores musicales y de videoclips; AIE, para cantantes, intérpretes y ejecutantes; EGEDA, que agrupa a los productores de películas y series de televisión españolas; AISGE, entidad que defiende a los actores y actores de doblaje; y DAMA, una escisión de la SGAE, que cobra por los mismos contenidos que ésta y que agrupa a autores de contenidos audiovisuales de países como España, Reino Unido, Australia, Japón, México, Colombia, Argentina, Canadá o Francia.
Todas ellas tienen derecho a percibir un canon por la difusión de productos audiovisuales en cualquier establecimiento público, desde música ambiente a música de animación, bailes o actuaciones a películas o series que se puedan escuchar o ver por la tele. Y aunque las tarifas pueden gravar a todo tipo de negocios abiertos al público, desde una peluquería a un bar, en el caso de los hoteles los costes se disparan al contabilizarse todas y cada una de las televisiones con las que cuenta el establecimiento, tanto en las zonas comunes como en las habitaciones de uso privado. Se enciendan o no, las usen o no los clientes, al considerar que el simple hecho de tener este aparato en las estancias es equiparable a una actividad de difusión pública.
«Estamos en contra de que fijen unilateralmente los precios y puedan recaudar lo que quieran», agrega Juan Carlos García. «Van a perjudicar al sector más importante del país en cuanto a generación de riqueza y generación de empleo», asevera.
Hostecar también se opone
En la misma línea opina el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar), Juan José López, que sólo vería positivo que se liberara el precio para que se pusiera acorde a lo que se usa. «Pero estamos totalmente en contra de que se haga para encarecer los costes», apunta antes de indicar que se trata de una lucha que llevan tiempo batallando con las entidades de gestión, «cuyo gasto es desmesurado». Al final, afirma, «es un impuesto más» y que, además, «te llega de forma agresiva».
Eso sí, Juan José López descarta que si se produce esta subida tengan que subir el precio a los huéspedes. «Al cliente no se lo podemos subir. Intentaríamos absorberlo nosotros». Juan Carlos García añade que esta medida afectaría a la rentabilidad de los hoteles. «Será más difícil pagar impuestos, muchas empresas lo tendrán más difícil para sobrevivir y habrá más desempleo», diagnostica. «No sé qué políticos han planteado esta medida o qué intereses tienen pero nos parece anacrónico. Hay que crear escenarios que generen riqueza y empleo; si vamos en el camino contrario, mal vamos».
