27 de septiembre de 2018
27.09.2018
La Opinión de Murcia
En primera persona

El momento decisivo para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar

El Congreso ha iniciado la tramitación del cambio en la Ley electoral para restituir automáticamente el derecho al voto a 100.000 personas, pero si se hacen cambios en su recorrido podría peligrar su efectividad

27.09.2018 | 08:51
Fundown y el SEF contribuyen a la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual

Quizá haya pasado inadvertido para la mayoría, pero nuestra democracia ha dado un primer paso para restituir los derechos de una parte de la población que hasta ahora los veía vulnerados a la hora de votar. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, ha superado el primer paso legislativo en el Congreso con un amplio apoyo de los Grupos políticos. Eso se traducirá en la restitución automática del ejercicio del derecho al voto de 100.000 personas incapacitadas en España, la mayoría de ellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El pasado miércoles 19 de septiembre, la ponencia de la Comisión Constitucional de la Cámara baja informó del texto de la proposición de Ley, sin modificaciones, con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria.

La reforma continúa ahora su camino legislativo, culminado este primer paso en ponencia, con su elevación a la Comisión Constitucional para que apruebe el dictamen correspondiente que se sometería a un próximo pleno del Congreso.

Eso significa que se ha dado un paso pero aún no podemos «cantar victoria». Es importante que no se altere el espíritu de la reforma. Que este paso no sea un paso en falso o que no nos quedemos a medias. Corremos el riesgo de dejar pasar una oportunidad histórica si se altera la propuesta. Por eso, en Plena inclusión Región de Murcia queremos insistir a todos los partidos políticos, a todos los grupos parlamentarios, para que respalden unánimemente el texto de la Proposición de Ley, sin introducir modificaciones, a fin de que esta reforma entre en vigor lo antes posible y la anomalía democrática de que más de 100.000 personas estén privadas del derecho fundamental de sufragio quede desterrada de nuestra vida política y social. Si se introducen cambios para acotar o dificultar la aplicación efectiva de este derecho, estaremos cayendo en un viejo error.

Ese error es un lujo que no nos podemos permitir, pues España tiene el compromiso de adaptar su legislación a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad que ha hecho suya. Por esa razón, es necesario dejar sin efecto «las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente», añadiendo además que «las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley».

La modificación que ha iniciado su tramitación recoge este punto y, por supuesto, una reformulación del artículo III de la Ley Electoral, que elimina los apartados que limitan el ejercicio del derecho al sufragio de, entre otros, «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».

En febrero de 2017, las personas con discapacidad intelectual realizaron un Manifiesto por el Derecho al Voto, que fue leído en una concentración ante el Tribunal Constitucional organizada por Plena inclusión, el CERMI y Down España. En este manifiesto, además de esta modificación de la LOREG, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo demandan poder ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto, a través de sistemas de accesibilidad cognitiva que hagan más comprensible toda la información electoral, los programas políticos y los colegios electorales. Asimismo reclaman que se garantice el sufragio pasivo y su participación en la vida política. Como pueden ver, las personas con discapacidad intelectual tienen muy claro cuáles son sus derechos y los partidos políticos tienen que estar a su altura y hacerlos posibles.

Fundown y el SEF contribuyen a la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual

La Fundación Síndrome de Down (Fundown), en colaboración con la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y el Servicio Regional de Empleo (SEF), formará a dieciséis personas con discapacidad intelectual que hace dos semanas iniciaron un curso especializado que contribuirá a su inserción laboral. Los seleccionados realizarán el curso ´Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales´, que consta de 450 horas, de las cuales cuarenta son prácticas profesionales. El proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se prolongará durante los próximos cinco meses en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CEPAP), de Fundown, en Cabezo de Torres.

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