La plataforma Pacto por el Mar Menor ha denunciado que "sigue sin cumplirse la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor". Para demostrar esta afirmación, han compartido una serie de imágenes como prueba que puedes ver aquí.

"Durante estos días de finales de septiembre vuelven las prácticas agrícolas desafiantes a la ley que una mayoría del Parlamento Regional, con los votos en contra del partido en el Gobierno, aprobó el 1 de febrero de este año", han puesto de manifiesto desde la paltaforma.

Han destacado que no se han cumplido medidas como la obligación de las explotaciones agrícolas de instalar estructuras vegetales destinadas a la retención y regulación de aguas, el control de escorrentías o la preparación del terreno y plantación o siembra.

Según Pacto por el Mar Menor, tampoco se ha está cumpliendo el apilamiento temporal de estiércol durante un tiempo máximo de 72 horas, "que provoca invasiones de moscas en las poblaciones de alrededor, y la vigilancia en el uso de fertilizantes".

"Además de los incumplimientos de una ley que debería estar en vigor desde hace meses, se sigue extrayendo agua de riego ilegalmente del acuífero y con el consiguiente vertido de salmuera que de manera directa o indirecta llega al Mar Menor", denuncian.

La Comunidad responde

Tras la modificación del decreto ley de Medidas Urgentes del Mar Menor por parte de la PSOE, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea Regional y los cambios realizados en el articulado, el único artículo en vigor actualmente es el artículo 6, limitación de la actividad agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimo terrestre y sólo en nuevos cultivos.

Además, el artículo que entró en vigor en agosto de este mismo año es el Artículo 14. Prohibición del uso de fertilizantes de solubilidad alta y potencialmente contaminantes.

Desde el Gobierno regional se sigue invirtiendo en formación e información a los agricultores y se les está recomendando que adapten sus cultivos a la Ley 1/2018.