La fiscal que impulsa la investigación abierta en un Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia sobre la financiación de la desaladora de Escombreras, de la que se sospecha que puede haber supuesto importantes perjuicios para las arcas públicas, ha confirmado su solicitud de que se proceda, como medida cautelar, a la intervención judicial de la misma y del Ente Público del Agua (EPA) de la Comunidad Autónoma.

La fiscal, Maribel Neira, que ya presentó esa solicitud el pasado julio, la ha reiterado ahora, por lo que el Juzgado, antes de pronunciarse sobre la medida propuesta, ha convocado a todas las partes personadas en el proceso a una vista para que durante la misma puedan exponer lo que a su derecho convenga.

Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que con la intervención judicial que se reclama lo que se pretende es controlar los pagos que se vienen haciendo a la empresa constructora, ACS, para evitar que los daños que se consideran que se han producido al erario público puedan continuar.

Asimismo, el ministerio público ha propuesto la práctica de otra serie de diligencias, encaminadas todas ellas a que se informe al Juzgado por parte de la administración sobre los pagos hechos, los movimientos económicos registrados en torno a la desaladora y el empleo de subvenciones como medio de financiación de la misma.

Sospechas

Para la Fiscalía, existe la sospecha de que aunque la obra fue impulsada en un principio desde la iniciativa privada, lo que se pretendía en realidad era, supuestamente, que luego pasara a manos públicas, lo que, presuntamente, ha podido producir grandes perjuicios económicos a la Comunidad Autónoma.

Dentro de las nuevas diligencias con las que se ha dado un impulso decidido a las actuaciones judiciales se encuentra la convocatoria hecha a diez antiguos alcaldes de otros tantos municipios de la Región, que deberán declarar próximamente en calidad de testigos. Son una decena de exalcaldes del Partido Popular

En concreto, deberán declarar sobre el destino real que se iba a dar a las aguas procedentes de la desaladora y que fueron objeto de otros tantos convenios suscritos con el EPA.

Estas declaraciones se sumarán a las que ya realizaron como imputados el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá; los expresidentes del EPA, Amalio Garrido y José Manuel Ferrer, y el exsecretario del Ente Público del Agua y de la desaladora de Escombreras, Andrés Arnaldos.